Una intensa crítica surgió desde el Concejo Municipal de Guayaquil tras la decisión de la Asamblea Nacional de no ratificar una ley que buscaba garantizar la transferencia directa y automática de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La medida legislativa, que había sido vetada parcialmente por el presidente Daniel Noboa, no alcanzó los votos necesarios en el Pleno para su ratificación, generando molestia entre autoridades locales.

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Durante la sesión del Concejo de este jueves,17 de julio de 2025, las concejalas Cinthia García (Partido Social Cristiano) y Blanca López (Revolución Ciudadana) tomaron la palabra —aunque no estaba previsto en el orden del día— para expresar su rechazo a la decisión del Legislativo, que en la práctica impide que los GAD reciban fondos estatales en un esquema ágil y predecible.

La votación en la Asamblea terminó con 67 votos a favor y 68 en contra, frustrando el intento de ratificación del texto original del proyecto, el cual proponía que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales recibieran su asignación presupuestaria dentro de los primeros cinco días de cada mes.

¿Por qué se generó el malestar entre concejalas de Guayaquil?

La primera en alzar su voz fue la concejala Cinthia García, quien no ocultó su indignación ante lo que calificó como un atentado contra la descentralización fiscal. “Con esta ley se buscaba un verdadero respeto a la descentralización, evitando que el Estado manosee todos estos recursos que le pertenecen al pueblo y le dé un destino distinto”, expresó la edil, apuntando directamente al Ejecutivo y a los legisladores que votaron en contra.

Además, hizo un llamado al electorado a no olvidar los nombres de los asambleístas responsables del revés legislativo. “Guayaquileños, les pido que no olvidemos los nombres de estos asambleístas que hoy votaron en contra. No olvidar porque seguramente el próximo año muchos de esos querrán ser candidatos, alcaldes o prefectos”, advirtió.

¿Fue un cálculo político o una decisión técnica?

A la intervención de García se sumó la concejala Blanca López, quien fue aún más directa en señalar que la votación en la Asamblea respondía a intereses políticos y no a criterios de planificación. “Esto no responde a parámetros técnicos, ni tampoco a una planificación pensando en la gente, sino por puro egoísmo político para impedir que las autoridades locales que no son afines a su línea de gobierno no puedan cumplir con sus planes de trabajo”, manifestó.

López calificó la decisión de "centralista" y afirmó que se trató de un intento de asfixiar económicamente a los gobiernos locales que no comulgan con el oficialismo.

Del otro lado, la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, justificó el rechazo al proyecto alegando que el mismo contravenía el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Sin embargo, legisladores como Alfredo Serrano (PSC) replicaron que la Constitución exige que las asignaciones a los GAD sean “predecibles, directas, oportunas y automáticas”.

¿Qué estaba en juego con esta ley?

De haberse aprobado, la ley habría establecido mecanismos claros para:

• Evitar retrasos en la entrega de recursos a los GAD
• Eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo sobre los fondos
• Fortalecer la autonomía financiera y operativa de los gobiernos locales
• Garantizar mayor transparencia en la ejecución presupuestaria territorial

El revés en la Asamblea mantiene el modelo vigente de transferencias, que alcaldes y prefectos consideran inestable y dependiente de decisiones centralizadas.

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