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¡Grupo demanda al Estado ecuatoriano por homofobia!

Hace 22 años la homosexualidad no es delito en Ecuador. Asegura que hubo torturas y maltratos antes de la despenalización.

 COCCINELLE DEMANDA AL ESTADO
La imagen data de los años 90, cuando las transexuales eran detenidas arbitrariamente.Cortesía

“Ustedes no tienen derechos humanos”, “maric... nomás son”.

Estas frases se plasmaron en uno de los capítulos del libro ‘Los fantasmas se cabrearon’, de Alberto Cabral. En el se resumen vejámenes sufridos por integrantes de la comunidad homosexual en los 80 y 90, en Ecuador.

Cabral tiene otro nombre –uno de mujer– pero esta vez prefiere no usarlo. Sus cejas pintadas de negro, sus manos grandes con anillos de acero y sus uñas pintadas de rojo hacen juego con sus gafas negras.

El citado es parte del frente Nueva Coccinelle, un grupo que el 17 de mayo presentó una denuncia en la Fiscalía General en contra del Estado.

Los delitos que buscan demostrar son Persecución y Ataque y Lesa Humanidad. Esto por las detenciones arbitrarias, represiones, abusos sexuales y ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido en contra de esta comunidad entre 1984 y 2005.

En esa época, el grupo Coccinelle se conformó por personas de diversa condición y orientación sexo genérica, que exigieron que se elimine el primer inciso del artículo 516 del Código Penal. En este párrafo se sancionaba con privación de libertad de 4 a 8 años a las relaciones del mismo sexo. Ser homosexual era un delito. “La comunidad GLBTI, sobre todo los grupos más vulnerables como los transexuales, eran las principales víctimas de las represiones”, asegura Alberto.

El 25 de noviembre de 1997 el Estado ecuatoriano despenalizó la homosexualidad, que a decir de Cabral los libró de las represiones policiales y la esclavitud económica.

La asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Pamela Chiriboga, afirmó que en la denuncia se solicita que la Fiscalía investigue estos casos.

Zonas rosa

Ya entrados los años 90 se hacían las llamadas batidas sobre todo en los sectores de La Mariscal y el parque El Ejido, en el norte de Quito, donde la comunidad transexual y travesti se reunía o ejercía la prostitución.

“Muchas optaron por ese trabajo, pues no tenían opciones de laborar en otros espacios debido a la discriminación. El grupo Coccinelle, en su mayoría, se vio en la necesidad de ejercer la prostitución”, explicó Cabral.

Entonces, los agentes policiales las subían a los camiones a empellones, con insultos y frases homofóbicas. Cabral recuerda a un personaje, “el gordo Gonzalo”, un tramitador.

Tenía aproximadamente 45 años, con acento costeño y una apariencia descuidada, sobre todo en la boca.

Contó Cabral que este sujeto se paseaba por El Ejido cobrando las deudas de los infortunados que caían en las redadas policiales. Por eso los sacaba de allí hasta tres veces por semana. “Cuando las sacaban les triplicaban lo invertido, esto se convertía en un círculo interminable de deudas”, relató.

El gordo Gonzalo, además, estaba siempre acompañado de jóvenes homosexuales a los que prostituía “cuando estos chicos se revelaban, bastaba con que cayeran presos. Los dejaba ahí un largo tiempo para que reflexionaran y volvieran a ponerse bajo su tutela”, narró Alberto.

Los que sobrevivieron

Entre las 12 personas que se reagruparon como Frente Nueva Coccinelle está Nebraska Montenegro, transexual femenina que a sus 63 años no ha dejado de vivir la discriminación. Es alta, de pelo rubio y ojos y labios bien marcados con maquillaje.

Sonríe poco, pero camina con quien está en una pasarela. Ella es una de las sobrevivientes de las Coccinelli, pues según Alberto Cabral de las más de 40 integrantes solo han quedado 12. “Nosotros resurgimos porque los atropellos siguen vigentes. Decidimos continuar con la lucha”, dice Nebraska.

Según la activista, la homofobia todavía no se ha superado en el país, pues aún los miran con ira. Ella considera que queda pendiente trabajar en una política permanente para garantizar la inserción de la comunidad trans a los espacios laborales e incluso académicos.

“Quienes sobrevivieron lo han hecho en condiciones precarias, dedicándose al comercio informal o con ayuda económica de la familia”, refirió Cabral.

Las palizas, los insultos y la marginación social condenaron el destino de quienes todavía no han muerto, pues los que sí, dejaron este mundo por las secuelas físicas y emocionales de lo que vivieron en la década de los 80 y 90.

“Es por eso que demandamos al Estado como principal autor de estas vejaciones y que reconozca el delito de Lesa Humanidad, no solo en contra de las Coccinelli, sino de toda la comunidad GLBTI”, afirmó Cabral.

Las protestas de grupos como La Coccinelli rindieron frutos y el 25 de noviembre de 1997 el entonces Tribunal Constitucional (ahora Corte Constitucional), mediante sentencia No. 111-97-TC, declaró inconstitucional este inciso del artículo 516, disponiendo así la suspensión de sus efectos, es decir de las redadas policiales y las detenciones.

Pero mientras duró el proceso, decenas de estas personas fueron víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos, según Cabral.

Las peticiones

Nebraska asegura que la demanda persigue la reparación integral por parte del Estado a las acciones que se tomaron antes de la despenalización de la homosexualidad.

Entre estas reparaciones estarían las disculpas públicas del Gobierno Nacional y que una de las paradas del Metro que se construyen ahora lleve el nombre de Coccinelli en conmemoración de las personas que murieron en la lucha.

Sin embargo, la asesora jurídica de Inredh, Pamela Chiriboga, aclaró que en este momento no se puede hablar de una reparación, sino que lo que se espera es la investigación y la recolección de datos de los casos suscitados en el período mencionado, así como la remisión de esta denuncia a la Comisión de la Verdad.

“Con esto se sancionará y judicializará a los responsables de estos abusos, tanto a quienes daban las órdenes como a los que las ejecutaban”, explicó.

Por ahora no ha habido una respuesta oficial del Estado, sin embargo, a decir de Chiriboga, Diana Salazar, fiscal general, se mostró abierta a dar paso a la denuncia de esta comunidad trans. “Todavía no han notificado qué Fiscalía se hará cargo del caso”, aseveró la abogada.

Mientras tanto Nebraska aún tiene que soportar la discriminación. Dijo que antes de llegar a la entrevista con EXTRA la pararon en unos baños públicos, un hombre la vio de pies a cabeza y le dijo: “ ya han de ir a robar”.