Un nuevo caso de actos irregularidades sale a la luz pública. Nuevamente el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) estaría involucrado en anomalías relacionadas con contratos con prestadores privados por servicios de salud, en hospitales adscritos al Seguro, en el período 2018- 2022.

A través de un examen especial de auditoría, la Contraloría General del Estado determinó que en los contratos adjudicados hubo conflicto de intereses, se canceló 1.5 millones de dólares sin ningún tipo de sustento o soporte legal y se omitió realizar informes sobre las condiciones y la calidad del servicio que entregaban dichos proveedores a los pacientes del IESS. 

Con respecto al conflicto de intereses, la entidad de control identificó que uno de los contratos de proveedor de servicio médico externo fue adjudicado a un empleado del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, quien trabajaba ahí desde 2015 y, además era representante legal del centro médico privado adscrito. 

En el expediente de la contratación no se encontró la declaración juramentada del proveedor, en la que se certifica no tener conflicto de intereses con el IESS.

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También existen dudas en la legalidad de los desembolsos realizados en diciembre de 2019. En esta fecha, el Seguro Social canceló 1.5 millones de dólares por la prestación de los servicios dados a los afiliados en clínicas y hospitales particulares, pero no hubo ningún respaldo de la atención recibida, informes técnicos, de liquidación, control de tarifas ni actas de entrega recepción. 

La elaboración de informes de calidad sobre la atención que prestaban los proveedores y de las garantías que otorgaban los centros médicos privados fue otra falencia que impidió cualquier tipo de control y monitoreo de la eficiencia en salud. 

Según la Contraloría, el informe de visitas al prestador no cuenta con información sobre bioseguridad, manejo de protocolos médicos, seguridad de los accesos peatonales y para personas con movilidad reducida.

Este contrato se firmó en noviembre de 2020 y para dicha fecha, los certificados de funcionamiento y calificación que emiten las autoridades de Salud también estaban vencidos. Aún con estas irregularidades, hasta el último día de diciembre de 2022 se canceló el valor de $ 361.297 dólares por la supuesta atención de calidad brindada. 

En la elaboración de informes de calidad también se detectaron irregularidades por visitas en el sitio a las instalaciones de los proveedores. Desde 2018 hasta 2021 la coordinación provincial de prestaciones de salud del Guayas no elaboró 81 informes por lo que no hubo monitoreo de las situaciones de calidad para mejorar la calidad de los servicios y para la garantía de los afiliados. 

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