Los familiares de Jonathan Josué Castro Ronquillo, de 19 años, desconocían su paradero hasta que la noche del lunes 7 de julio recibieron una llamada que los alertó de una trágica noticia: su cuerpo había sido hallado junto al de otras tres personas, todos asesinados a tiros.

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La masacre ocurrió aproximadamente a las 23:00, en una zona de maleza del recinto El Chorrillo, ubicado cerca del kilómetro 22 de la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil.

Según una fuente policial, Jonathan y las otras tres víctimas, dos de ellas identificadas como Wilmer Romario Mite Loor y Anderson Bayron Sánchez Véliz, estarían involucrados en el robo de combustible en la Planta de Gas Licuado de Petróleo y Terminal de Almacenamiento y Distribución de El Chorrillo.

“De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, este hecho estaría relacionado con la extracción ilegal de combustible. Las víctimas habrían sido sorprendidas mientras intentaban extraer producto de una toma clandestina, momento en el que fueron interceptadas por presuntos integrantes de un grupo armado organizado (GAO) que opera en esa zona”, explicó un investigador de la Policía.

Entre la maleza

El mismo agente detalló que los cuerpos fueron hallados entre la maleza de un terreno baldío, en un punto utilizado frecuentemente para la sustracción ilícita de hidrocarburos. “En el lugar se encontraron los cuatro cadáveres con múltiples indicios balísticos”, manifestó.

Familiares de los fallecidos aseguraron a la Policía que desconocían si sus parientes estaban involucrados en actividades ilícitas. Relataron que salieron de sus casas alrededor de las 19:00 sin informar hacia qué lugar se dirigían. Todos residían en la cooperativa San Francisco, ubicada a pocos kilómetros del sitio donde fueron interceptados y ejecutados.

La mañana del martes 8 de julio, miembros de las Fuerzas Armadas, junto con profesionales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, inspeccionaron la zona y confirmaron la presencia de una manguera clandestina conectada ilegalmente a un oleoducto.

“A menos de 300 metros del sitio donde ocurrió el ataque, encontramos una conexión ilícita. Llegamos porque Petroecuador reportó una baja en la presión del combustible. Estas mangueras clandestinas se utilizan para el robo de hidrocarburos”, indicó un uniformado que participó en la inspección.

Cabe recordar que en este mismo sector, el pasado 27 de junio la policía halló el cuerpo descuartizado de una mujer tras recibir denuncias por malos olores en la zona.

El cadáver estaba dividido en seis partes (cabeza, brazos, piernas y torso), envueltas en fundas plásticas abandonadas entre la maleza.

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