Una adolescente, de 17 años, habría sido violada por el instructor de una academia de formación para ingresar a la Policía o a las Fuerzas Armadas, en el sector de Calderón, norte de Quito.

Ocurrió en septiembre y el caso se encuentra en investigación previa. Johanna Orbe, abogada de la víctima reúne los elementos para comprobar que hubo el delito.

Según el testimonio de la menor de edad, una noche, luego del entrenamiento, ella recibió una videollamada del sospechoso, quien le había preguntado ¿cómo estaba vestida? A la chica se le hizo raro.

Al otro día había clase de natación, pero como tenía ampollas en la planta de sus pies por los ejercicios realizados en días anteriores, el instructor le habría dicho que no ingresara a la piscina y que lo acompañara a buscar una pantaloneta.

La víctima fue con él hasta su casa, donde supuestamente la violó en el tercer piso.

Lo único que recuerda la víctima -según su relato- es que intentaba zafarse de las manos de su agresor. Ella se asustó más cuando, mientras forcejeaba con el sujeto, le dijo que llamaría a la Policía a lo que este presuntamente respondió: “A quién vas a llamar... ¡la Policía soy yo!”.

Luego de eso, el sujeto la habría llevado de nuevo a la piscina junto a sus compañeros.

Al terminar la jornada, el hombre le habría hecho tomar una pastilla que interrumpe el embarazo y luego la dejó regresar a su casa. Ella le contó lo sucedido a su mejor amigo y a su madre. Alertaron a la Policía y no encontraron en la casa al sospechoso. Luego fueron a la Fiscalía para denunciar.

El médico realizó la valoración ginecológica en la que se demostró que hubo un acto sexual perpetrado con violencia.

Reuniendo pruebas

Durante las indagaciones, la abogada Orbe verificó que el sospechoso trabaja en el Distrito de Policía de Calderón y es miembro en servicio activo. “No sabemos cómo un uniformado, activo en sus funciones, puede lucrar de una actividad particular”, mencionó.

Además, la jurista dijo que dicha academia no está reconocida legalmente y que “no existe una entidad que se haga responsable de la misma”. Por su parte, Erick Huilca, abogado defensor del policía, dijo que no existe ningún tipo de agresión, amenaza y mucho menos violación.

El jurista mencionó que días después de la denuncia, su cliente ha recibido llamadas de terceras personas, quienes, al parecer, le piden la cantidad de 15.000 dólares “para evitar que ella (la víctima) comparezca en el proceso de investigación”.

Huilca indicó que están tratando de forzar a que exista un tipo de reparación. Concluyó con que su defendido no trabajaba en dicha academia sino “que era llamado para dar charlas en sus tiempos libres”.

EXTRA omitió los nombres de los involucrados para proteger la identidad de la víctima, ya que es menor de edad.