El Gobierno de Ecuador convocó a una marcha “por la seguridad y la paz” en Guayaquil para este jueves, 11 de septiembre de 2025, con la expectativa oficial de reunir más de 58.000 participantes en una ciudad que figura entre las más golpeadas por la violencia en el país. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, ha descrito el acto como un espacio festivo que busca reafirmar la unidad nacional frente a la inseguridad.

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La movilización ocurre en un clima político tenso: en agosto pasado el presidente Daniel Noboa lideró una marcha en Quito contra decisiones de la Corte Constitucional (CC) y, desde entonces, la relación entre el Ejecutivo y el alto tribunal ha sido foco de atención pública. Sobre ese punto Rovira fue contundente: “No tenemos una pugna con la Corte Constitucional (CC). Somos respetuosos de la independencia de poderes”.

Paralelamente, el Gobierno insiste en llevar a cabo un referéndum y una consulta popular el 30 de noviembre, con el argumento de reforzar la seguridad, proteger a los niños y agilizar procesos judiciales. La Corte ya rechazó tres de las siete preguntas iniciales del Ejecutivo, por lo que Noboa envió el martes un nuevo paquete con siete planteamientos que incluyen reformulaciones y temas inéditos.

“Después de haber replanteado las preguntas e incorporado nuevas, esperamos que la Corte Constitucional continúe con el trámite. Estamos convencidos de que cumpliremos con los tiempos para realizar la consulta popular a finales de noviembre”, señaló Rovira en una entrevista, ratificando la intención del Ejecutivo de mantener la fecha prevista.

¿Busca Noboa legitimar reformas clave con un gran acto ciudadano?

El Gobierno ha vinculado este proceso con temas que van desde la seguridad pública hasta la reorganización de funciones estatales. Entre las reformas más comentadas figura la creación de un registro nacional de agresores sexuales de menores, luego de que la Corte advirtiera que la primera versión de la propuesta era demasiado ambigua. También se plantea que la CC solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presidenciales o decretos de excepción con el respaldo de al menos seis de sus nueve jueces. Otra enmienda apunta a agilizar juicios por delitos de robo, extorsión y receptación, con procedimientos más expeditos que los actuales.

En el terreno político, Noboa quiere eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades, reemplazándola por procesos abiertos que prioricen meritocracia y escrutinio público. En paralelo, busca preguntar a los ecuatorianos si aceptan la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles cinco estrellas, si están de acuerdo con prohibir el uso de nombre o imagen de condenados por corrupción y si respaldan una nueva ley que regule la organización y funciones de la propia Corte Constitucional.

¿Qué queda definido y qué sigue en disputa antes de noviembre?

Del primer paquete original, la CC aprobó tres preguntas: la contratación por horas en el sector turístico, la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional y la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en el país. El resto quedó en revisión o fue descartado, por lo que el nuevo envío de Noboa intenta superar las observaciones del tribunal.

El Gobierno mantiene confianza en el cumplimiento del calendario, pero el proceso legal y los plazos de la Corte serán determinantes. Más allá de cuestiones técnicas, lo que está en juego es la legitimidad de cambios profundos en materia de seguridad y gobierno, y la forma en que el Ejecutivo utiliza la movilización social como herramienta política.

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