El asesinato de Letty Cando Calva tiene conmocionado a Quito y al país. La violencia y saña del homicida, quien la desmembró y enterró en un parque de la capital, ha despertado la indignación y solidaridad nacional.

Galo Muñoz, subdirector de la Dinased, explicó que Johnny Stalyn Caiza Aranga, a quien conoció antes de su asesinato, es el principal sospechoso de su muerte. Familiares de Letty reconocieron su cuerpo la mañana del pasado 9 de septiembre y desde entonces las investigaciones avanzan.

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Y aunque todo indica que los hechos fatales surgieron a partir de un encuentro entre Caiza y la víctima -ya que este mismo indicó el lugar donde ocultó su cuerpo-, EXTRA indagó el caso y estableció que hay un aspecto en la vida de la mujer sobre el que no se había informado.

En efecto, Letty dejó a un pequeño hijo y su manutención era parte de un proceso judicial que ella misma inició en marzo de 2016. Así se evidencia en archivos judiciales que constatan que la mujer demandó por alimentos a su expareja y padre de su hijo.

Tras varios meses en que el hombre dejó de entregarle el dinero que le correspondía para la manutención del niño, Letty exigió ante los tribunales que se fijara una cuota mensual de 300 dólares. Tras analizar la situación, un juez estableció en 103 dólares la mensualidad que debía pagar el sujeto, además de la prohibición de salir del país. Sin embargo, el padre no pagó.

En enero del 2017, Letty regresó ante el juez para informar sobre el incumplimiento. “En el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, el alimentante adeuda la cantidad MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS DÓLARES ($1.416,99), por concepto de pensiones alimenticias de febrero del 2016 a enero del 2017, más los intereses de Ley”, se lee del expediente.

De acuerdo a la información que reposa en los anaqueles judiciales, todo indica que el deudor siguió incumpliendo hasta que el monto aumentó y la paciencia de la mujer se agotó. Fue así que, en mayo de 2020, las autoridades tomaron una drástica determinación.

El 25 de junio de 2020 se citó una audiencia para fijar un acuerdo de pago, pero el hombre no llegó, aduciendo que su defensa había renunciado. La deuda, para esa fecha, ya estaba en 7.488,64 dólares por pensiones atrasadas.

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“Por lo expuesto este juzgador resuelve: 1. Dictar el apremio personal total del señor (...) debiendo procederse a su aprehensión, conducción e ingreso en el Centro de Rehabilitación Social de Loja; esto por parte de la Policía Nacional, para lo cual se girará la boleta de estilo por el monto indicado. Debiendo permanecer detenido hasta que cancele la totalidad de lo adeudado a la fecha o máximo hasta treinta días, cumplidos los cuales el Director del Centro debe dejarlo en libertad, incluso sin nueva orden”.

Esa es la última actuación judicial que reporta el proceso de demanda por alimentos, por lo que no hay claridad sobre qué ocurrió con la deuda. Además, el juez informó que por cuenta de la pandemia del Coronavirus, la audiencia no pudo llevarse a cabo.

Este Diario se puso en contacto con la abogada que defendió al hombre y esta afirmó que, en efecto, nunca se realizó la audiencia. Y entregó otro dato revelador: “Él se encuentra en Estados Unidos”. 

Por su parte, la abogada Dolores del Carmen Jiménez, defensa de Letty en ese proceso, le dijo a EXTRA que, aunque intentaron localizar la dirección de su exesposo para entregar los datos a las autoridades y que este respondiera ante la justicia, esto nunca fue posible y ella murió sin nunca haber recibido el pago que le adeudaban. 

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