Con 77 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó este martes, 10 de junio de 2025, la controvertida Ley Orgánica de Inteligencia, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y respaldada principalmente por el bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). La normativa fue avalada en el Pleno, durante la sesión No. 7, en medio de críticas por permitir la recopilación de información sin control judicial previo.

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El texto legal, que busca establecer un marco regulatorio para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, fue aprobado con 77 votos afirmativos, 66 negativos y 7 abstenciones, sin que se aceptaran propuestas para votar por bloques o eliminar artículos cuestionados por la oposición.

La ley había sido debatida durante semanas y, aunque se remitieron observaciones desde distintas bancadas, el informe final de la Comisión de Seguridad —presidida por ADN— fue aprobado sin modificaciones sustanciales. El segundo debate se había retomado el pasado 3 de junio, pero el contenido original fue ratificado en su totalidad el día de la votación.

¿Qué artículos causaron mayor controversia?

Dos disposiciones del nuevo cuerpo legal concentraron las mayores objeciones de legisladores de oposición y organizaciones de derechos humanos:

• Artículo 51: Autoriza a los organismos de inteligencia del Estado a requerir información a operadoras de telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial
• Artículo 52: Permite la interceptación, retención y apertura de comunicaciones privadas por decisión administrativa de la máxima autoridad del sistema de inteligencia

Ambos artículos han sido criticados por supuestamente vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la inviolabilidad de las comunicaciones.

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC5), se presentó una propuesta para votar por bloques y eliminar al menos 15 artículos considerados inconstitucionales. Según sus legisladores, la ley “habilita prácticas de espionaje, uso político de la inteligencia y violaciones de datos personales”.

El Partido Social Cristiano (PSC) también se distanció de la aprobación final. El legislador Alfredo Serrano fue enfático al declarar: “Cuatro o cinco artículos tiran abajo la intención de votar a favor”.

Por su parte, Pachakutik expresó su preocupación por la falta de límites claros en el uso de información confidencial. La vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul, advirtió sobre la poca claridad en los mecanismos de control y supervisión de las acciones que podrían tomar los servicios de inteligencia bajo la nueva ley.

¿Qué defiende el oficialismo al aprobar esta ley?

El bloque oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) defendió la normativa argumentando que el país requiere modernizar su sistema de inteligencia frente al crecimiento del crimen organizado. Desde el Ejecutivo, se ha sostenido que la Ley de Inteligencia es una herramienta clave para fortalecer la seguridad nacional y prevenir amenazas internas y externas.

Aunque sectores del oficialismo reconocieron la sensibilidad de algunos artículos, se insistió en que la normativa incluye salvaguardas internas y controles posteriores.

Sin embargo, las bancadas críticas y organizaciones sociales han advertido que el articulado aprobado podría ser utilizado para fines políticos o persecución de opositores, dada la ausencia de supervisión judicial en procesos que afectan derechos individuales.

Puntos clave de la Ley de Inteligencia:

• Crea el Sistema Nacional de Inteligencia, con funciones ampliadas
• Establece competencias para acceder a datos sin orden judicial (Art. 51)
• Permite interceptar comunicaciones por vía administrativa (Art. 52)
• No se incluyeron mecanismos de control judicial previo
• Observaciones de minorías parlamentarias fueron desestimadas

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