El juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, no pasó de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El jueves 1 de mayo, el oficialismo y sus aliados en esa mesa legislativa no dieron paso a la calificación de la solicitud presentada por cuatro legisladoras.

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La comisión sesionó de forma virtual para resolver sobre el futuro del pedido de enjuiciamiento a Ivonne Núñez por un supuesto incumplimiento de funciones.

El informe del equipo asesor de la comisión determinó que la solicitud cumple los requisitos necesarios para proceder con la calificación: la cantidad requerida de firmas de respaldo, la conformidad de Núñez con los criterios establecidos en la Constitución para ser enjuiciada por la Asamblea y la presentación formal del pedido ante la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz.

Después de eso, la legisladora Sofía Espín, del correísmo, mocionó la calificación de la solicitud, pero esta no tuvo apoyo. Los asambleístas Andrea González, Adriana García, Ramiro Vela, Lenín Rogel y César Umajinga votaron en contra. Solamente los cuatro legisladores del correísmo votaron a favor.

Con esto, el proceso se quedó en la Comisión de Fiscalización y no avanzará al Pleno de la Asamblea para una resolución.

Sobre el enjuiciamiento, Umajinga señaló que los juicios políticos no pueden ser usados como una herramienta de revancha política y también aseguró que el pedido no contaba con los requisitos jurídicos que debían sustentarlo.

¿Por qué se plantea el juicio político?

La solicitud fue presentada por cuatro asambleístas: Jhairen Noriega (correísmo), Carla Cruz (Partido Social Cristiano), Mariana Yumbay (Pachakutik) y Cristina Chávez, quien actuaba como independiente en el momento de la presentación.

El pedido surgió a raíz del caso de la vicepresidenta Verónica Abad. A finales de 2025, las asambleístas impulsaron la solicitud en medio de la pugna entre el presidente Daniel Noboa y Abad. La vicepresidenta, hoy también sancionada por violencia política de género, fue sujeto de un sumario administrativo iniciado por el Ministerio del Trabajo. El caso llegó a la justicia constitucional, en donde Abad logró anular la sanción tras una acción de protección.

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