El doble secuestro y asesinato contra Kenny Pinto y Javier Morán, ingenieros que laboraban en una obra del Municipio de Guayaquil en Flor de Bastión, alarmó a sus colegas. Pero este caso, ocurrido el 21 de febrero del 2024, es el dramático efecto de la inseguridad que vive este gremio, al menos, aproximadamente dos años.

El 9 de mayo de 2022, Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad en esa época, dijo que los contratistas “cuando van a esos sectores les piden plata mensual, extorsionándolos para poder trabajar. Si no les dan, no los dejan entrar”.

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Un año después, en mayo de 2023 y ya en la actual administración municipal, el alcalde Aquiles Álvarez se reunió con un grupo de contratistas en la Alcaldía. Uno de los puntos tratados fue el de la inseguridad. El Cabildo informó luego, a través de la red social X, que se dispuso a la Corporación para la Seguridad Ciudadana (ahora Segura EP) “que brinde su respaldo a los contratistas, quienes sufren problemas de extorsiones”.

Hugo Rodríguez Miraba, vocero de un grupo de constructores, explica que cuando empezaron a sufrir robos y extorsiones, uno de los mecanismos de protección que tenían era contratar una parte del personal para las obras en el mismo sector. Pero eso luego ya no sirvió mucho.

“Ahora ven que los montos (de costos) son altos en algunos proyectos y ya comienzan a haber extorsiones. La responsabilidad también es del contratista, porque debe informar la situación que está pasando en un sector a las entidades contratantes. Debe haber también una colaboración conjunta con la Policía Nacional”, dice.

Con los crímenes de Pinto y Morán se demostró que la situación es más complicada de lo imaginado. Por eso, el reciente jueves 7 de marzo el gremio realizó un plantón fuera de la Gobernación del Guayas y cinco representantes dialogaron con el gobernador, entre ellos Rodríguez.

“Manifestó que se va a llegar hasta las últimas consecuencias en hacer justicia con los dos colegas brutalmente asesinados. Hicimos un planteamiento también de que exista una ley de seguridad para obras (...). Hasta que se apruebe una ley y tengamos seguridad, que se militaricen las obras”, comentó tras la reunión con el funcionario.

La Gobernación no emitió un comunicado al respecto, pero EXTRA conoció que se coordinará con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que sus uniformados refuercen la presencia en sectores peligrosos de la ciudad en donde se realizan trabajos.

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Para que la idea funcione se identificará en qué zonas se necesita resguardo. De todos modos, el gremio tiene una idea previa de cuáles son estos puntos: Flor de Bastión, Bastión Popular, Socio Vivienda y el Guasmo.

Rodríguez acotó que también se deben realizar mesas de trabajo para enfrentar la problemática, incluyendo en ellas a la Alcaldía. Este Diario consultó al Municipio de Guayaquil qué acciones se toman cuando hay una situación de inseguridad en una obra. También si en el actual período han tenido retrasos en las ejecuciones por esta causa y si se solicitará resguardo para los obreros a la Policía y las Fuerzas Armadas. Hasta el cierre de esta nota periodística no hubo una respuesta.

Asimismo, se solicitó a personal de comunicación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) una entrevista con el presidente del organismo en Guayas y a escala nacional, pero no confirmaron si se iban a realizar o no.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, Guillermo Pacheco, no se encontraba en el país al momento que EXTRA pidió dialogar con él sobre esta situación. Sin embargo, en un comunicado emitido por la institución luego de que se hicieran públicos los casos de Pinto y Morán, además de exigir justicia contra estos crímenes, hizo un llamado al Gobierno Nacional a que tome medidas para proteger la integridad de los profesionales.

Una ingeniera civil, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, contó que las extorsiones también van contra los profesionales que van a realizar mediciones en las viviendas para legalizar las modificaciones en ellas.

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“A veces uno va y no está el dueño, sino otra persona. Sujetos nos ven midiendo y se acercan a amenazar y pedirnos plata. Yo he tenido que dejar el trabajo botado. Ahora ya no voy si no está el propietario”, cuenta.

En Sincelejo, ciudad del departamento colombiano de Sucre, también empezaron a extorsionar a contratistas entre 2022 y 2023. Andrés Gómez Martínez, quien fue alcalde en esa época, indicó que le empezaron a llegar denuncias de estos casos y ahí se tomaron una serie de medidas.

“Convocamos a toda la fuerza pública, conformamos comités para generar acciones. Primero, brindar seguridad a los obreros; pero a la vez, con la Fiscalía se hizo un grupo especial de investigación, recabando pruebas que sirvieron para la judicialización de estos bandidos”, detalla. (Entérate de todas las estrategias en el video que presentamos a continuación).

“Eso me costó amenazas”, reconoce el exalcalde, pero al mismo tiempo recalca que este problema no se soluciona si no actúan contundentemente la fuerza pública y el Municipio. Son acciones que bien podrían replicarse no solo en Guayaquil, sino también en otras zonas del país en donde ya se han presentado casos similares, como en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos. 

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