“Cuando fui al Laboratorio de Criminalística para reconocer el cadáver de mi hijo, me dije: ‘Definitivamente, este no es mi hijo’. Él era alto, robusto… pero el cuerpo que vi parecía el de un niño, extremadamente delgado. Esa enfermedad los consume por completo”, relató con la voz quebrada Miriam Zambrano. Ella es madre de Lenín Francisco Arteaga Zambrano, un privado de libertad que murió el pasado 2 de julio por tuberculosis dentro del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil.

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Su familia se enteró de la muerte cinco días después, a través de un mensaje enviado por un contacto desde el interior del penal, ubicado en el kilómetro 15.5 de la vía a Daule. El texto, recibido el 7 de julio cerca de las 17:00, preguntaba si sabían algo sobre la salud de Lenín.

“A esa hora ya no pudimos hacer nada. Al día siguiente fui con mi suegra hasta la Penitenciaría. Un funcionario nos confirmó la noticia y nos derivó a la Policía Judicial. Lo que vivimos en Criminalística fue otro suplicio. El cuerpo estaba irreconocible. Si no fuera por ese mensaje, quizás hasta hoy seguiríamos creyendo que estaba vivo”, narró Ivanna Acosta, esposa de Lenín, con quien tuvo dos hijos de 3 y 2 años.

Ella aún no comprende cómo el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no notificó nada a la familia. Tampoco —aseguró— les entregaron informes ni explicaciones. La última vez que se comunicaron con él fue el 1 de junio.

“El caso de mi esposo no es el único. Cuando llegamos a la morgue, había más familias pasando por lo mismo. Él no era un delincuente. Fue condenado a cinco años por un accidente de tránsito en 2020, donde murió una señora. Ya había cumplido dos años en prisión”, explicó Ivanna.

Hasta antes del accidente que lo llevó a la cárcel, Lenín trabajaba como guardia de seguridad en una universidad privada. Desde entonces, dice su esposa, sus vidas se convirtieron en un calvario.

“La última vez que hablé con él, me pidió que me cuidara y que cuidara a nuestros hijos. Sentí que se estaba despidiendo”, recordó entre lágrimas.

Lenín Arteaga, padre del fallecido, aseguró que su hijo fue diagnosticado con tuberculosis en enero de 2024, pero no recibió el tratamiento necesario en la Penitenciaría.

“Una sola vez nos dejaron llevar medicinas, y mejoró. Pero fue solo una vez. No entendemos por qué no separan a los presos según su peligrosidad. Cayó preso por un accidente. Y terminó muriendo tras las rejas, de una forma tan dolorosa que aún no lo podemos asimilar”, lamentó.

“Sin agua ni comida”

Lo que vivió la familia Arteaga se repite en otros hogares. Cada semana, más familias reciben —entre el silencio institucional y la desesperación— la noticia de que sus seres queridos han muerto en prisión. O peor aún, viven con la angustia de no saber si siguen con vida.

La hermana de otro interno, que pidió el anonimato, también denunció que su hermano murió por tuberculosis a causa de la “negligencia” estatal.

“Murió de una forma que no sé cómo describir… inhumana. Creo que peor que matar a alguien es dejarlo morir así, sufriendo. Morir de hambre es una tortura. Sin agua, sin comida, con frío… eso no es vida”, expresó.

Su hermano falleció el 22 de junio, contagiado por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que ataca principalmente los pulmones, pero puede afectar otros órganos. Sin embargo, la notificación oficial llegó recién el primer domingo de julio.

“Su última audiencia fue el 16 de junio. Ese día mi mamá lo vio y le llevó comida. No sabíamos que sería la última vez. Desde entonces, perdimos contacto. Incluso la primera semana de julio hubo otra audiencia, y él no se presentó. Ya estaba muerto. Tuvimos que contratar un abogado para saber de él. Hay varios presos muertos y sus familias ni siquiera lo saben”, denunció.

Las instituciones no responden

El 11 de julio, EXTRA envió solicitudes de información al SNAI y a la Policía Nacional para conocer cuántos internos han fallecido este año por tuberculosis, otras enfermedades o causas violentas. Hasta el cierre de esta edición, ninguna entidad respondió.

Sin embargo, una fuente reveló que al menos un cuerpo con diagnóstico de tuberculosis es trasladado cada día al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. “En días recientes llegaban hasta cinco cuerpos diarios. Y no solo desde la Penitenciaría, también de otras cárceles del país. Hay al menos 50 cadáveres almacenados en contenedores, sin ser retirados, porque sus familias no han sido notificadas”, alertó el informante.

Dos funcionarios penitenciarios, bajo condición de anonimato, confirmaron que entre cuatro y cinco internos mueren cada día por esta enfermedad en el complejo carcelario del Puerto Principal.

El pabellón 7 fue adaptado exclusivamente para los contagiados, donde se estima que hay entre 400 y 500 internos infectados. No obstante, el brote ya habría alcanzado los 11 pabellones habilitados.

“El contacto directo, el hacinamiento, el calor sofocante y la falta de ventilación son condiciones ideales para que se propague. Se calcula que hay al menos mil internos enfermos, lo que representa casi el 14 % de la población total, que bordea los 7.300 reclusos”, explicó uno de los funcionarios.

El pasado 3 de julio, familiares de personas privadas de libertad protestaron en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral para exigir al Gobierno atención médica urgente para los reclusos, quienes —según denunciaron— están muriendo por falta de tratamiento.

En abril de este año, el director de la cárcel, Amado Muñoz, aseguró que solo 20 internos estaban contagiados con tuberculosis y que todos se encontraban aislados en el pabellón 7. Además, indicó que 500 presos habían sido vacunados contra la enfermedad.

Emergencia sanitaria en cárceles

El infectólogo Washington Alemán advirtió que la situación constituye una emergencia sanitaria.

“La tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral es un grave problema de salud pública”, sentenció.

Recordó que, aunque la gestión carcelaria depende del Ministerio de Gobierno, la atención médica recae en el Ministerio de Salud. “No se han aplicado medidas efectivas para frenar el brote. Oficialmente se ha dicho que los casos son antiguos, pero eso no se ha podido verificar. No hay datos claros ni transparentes”, criticó.

También alertó sobre el riesgo de contagio más allá de los muros: “La tuberculosis puede transmitirse a los familiares en visitas, a guías penitenciarios, al personal médico y administrativo. Ya se han confirmado casos entre trabajadores del penal. Si no se toman medidas de bioseguridad con urgencia, la situación se puede volver incontrolable”.

Alemán explicó que existen dos formas de tuberculosis: la sensible, que responde al tratamiento convencional de seis meses; y la resistente, que requiere medicación más prolongada, tiene menos opciones terapéuticas y presenta mayor mortalidad. Ambas formas estarían presentes entre los reclusos, y la segunda se propaga con facilidad.

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