El presidente Daniel Noboa plantea una reforma constitucional para reducir el número de asambleístas de 151 a aproximadamente 71, buscando optimizar los recursos del país, y mejorar la eficiencia de la Asamblea, además de mantener los principios democráticos. El plan incluye representantes por circunscripción nacional, provincias y población, según el último censo.

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Propuesta planteada en el referéndum 

El presidente de la República, Daniel Noboa, incluyó en su plan de referéndum una pregunta destinada a modificar el sistema de elección de legisladores y reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional. 

La iniciativa fue remitida a la Corte Constitucional para su análisis y eventual aprobación antes de someterse a votación popular a finales del presente año.

La consulta plantea lo siguiente: ¿Está usted de acuerdo con disminuir la cantidad de asambleístas y modificar el sistema de elección según lo establecido en el anexo de la pregunta?

Cambios planteas para el legislativo 

El anexo de la propuesta sugiere reemplazar el artículo 118 de la Constitución y establecer una nueva estructura para la Asamblea:

• Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
• Un representante por cada provincia.
• Un legislador adicional por cada 400.000 habitantes según el último censo.
• La ley regulará la elección de representantes de regiones, distritos metropolitanos y la circunscripción del exterior.

Actualmente, la Asamblea Nacional está conformada por 151 legisladores, con un salario mensual promedio de $4.759 por asambleísta, lo que genera un gasto anual de más de 8,6 millones de dólares solo en remuneraciones, sin contar bonificaciones, viáticos ni personal de apoyo.

Objetivos del Gobierno

De aprobarse la reforma, la Asamblea podría quedar conformada por aproximadamente 71 miembros, lo que representaría una disminución de más del 50% respecto a su tamaño actual.

El Ejecutivo sostiene que esta medida busca optimizar el gasto público y aumentar la eficiencia legislativa, asegurando que los principios democráticos y los derechos constitucionales no se vean comprometidos. 

La Corte Constitucional tendrá la responsabilidad de, evaluar la viabilidad jurídica del proyecto antes de que se lleve a referéndum en el mes de diciembre.

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