La mañana de este lunes 17 de agosto, Chiristian Bahamonde, secretario general de la Defensoría del Pueblo se acercó hasta el Complejo Judicial Norte de Quito para interponer una acción de protección en contra del Estado para el pago inmediato de los salarios atrasados de los trabajadores públicos.

Según Bahamonde, a la entidad han llegado numerosas denuncias de trabajadores que no han recibido su salario en 30 y 60 días y en algunos casos se han acumulado hasta tres meses de impagos. "Eso vulnera el derecho al trabajo, particularmente el derecho a recibir una remuneración justa", explicó Bahamonde.

Además representaría la vulneración de los derechos de acceso a salud, educación, servicios básicos... "Los ciudadanos dependen de un salario para vivir con dignidad y cumplir con las obligaciones", agregó.

La Defensoría del Pueblo advirtió además que, en las instituciones públicas, laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, entre otras, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el seguro social.

Según el funcionario, se espera que luego de la diligencia se sortee a un juzgado que propondrá una audiencia y que sea un juez quien obligue al Gobierno Nacional a ponerse al día con las obligaciones salariales. Entre los afectados están: el personal de salud y profesores.