El hallazgo de cuatro cadáveres en una cisterna ubicada en un terreno de tierra, en el noroeste de Guayaquil, causó un gran impacto en la ciudadanía. Uno de los cuerpos correspondía a Guo Xiudan, mujer de origen chino que fue secuestrada en la ciudadela Martha de Roldós.

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El rapto se produjo el jueves 29 de mayo, mientras la víctima se encontraba en su negocio. Sujetos ingresaron a su local, una tienda, y se la llevaron a la fuerza, ocasionando pánico a los residentes de la zona.

La Policía Nacional, a través de acciones investigativas, logró aprehender a dos sospechosos: Byron Steven Méndez Villavicencio y Jhorly Ariel Portocarrero Mera. Sin embargo, en la audiencia que se les efectuó posteriormente, se emitió un dictamen que luego generó críticas.

¿Cuál es la polémica en este caso?

El dictamen ocasionó una polémica porque, a pesar de que a los sospechosos les formularon cargos por secuestro extorsivo, finalmente quedaron en libertad porque recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Entre los cuestionamientos resaltaron el del coronel Víctor Hugo Ordóñez, jefe policial de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón); así como el del ministro del Interior, John Reimberg.

"Hacemos un llamado enérgico a las autoridades judiciales y de Fiscalía. Pese a la contundencia de los hechos, e incluso cuando los aprehendidos han sido encontrados portando armas de fuego, se han otorgado medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva", expresó Ordóñez.

Reimberg, en cambio, dijo que "las otras funciones deben trabajar en conjunto". Y cuestionó que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura hayan emitido comunicados respecto al fallo, "tratando de responsabilizarse el uno al otro".

¿Cuál fue el pronunciamiento de la Fiscalía y la Judicatura?

La Fiscalía indicó que, durante la diligencia, el agente fiscal, sobre la base de los elementos de convicción obtenidos hasta ese momento, formuló cargos y solicitó prisión para Jhorly Portocarrero (alias Cocacho). Mientras que, para Byron Méndez (alias Pinky), solicitó prohibición de ausentarse del país y presentaciones periódicas.

"La decisión de no acoger la medida cautelar de prisión preventiva fue tomada por el juez que conoció la causa, Juan Pablo Pulgarín, alegando que no tenía antecedentes penales, lo que también consta en el acta de la audiencia", refirió la institución.

El Consejo de la Judicatura también difundió un comunicado mencionando que, "en virtud del principio de igualdad y no discriminación, estas medidas también fueron concedidas a J.A.P.M. (alias Cocacho), quien fue aprehendido en las mismas circunstancias".

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