La declaratoria de prescripción de la causa penal contra Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano González (asesinado el 28 de diciembre de 2020), exlíder criminal de Los Choneros apodado Rasquiña, no quedó sin respuesta. Tres días después del fallo, el fiscal provincial del Guayas y Galápagos, René Astudillo Orellana, presentó un oficio solicitando la revocatoria de esa resolución y, de manera subsidiaria, interpuso un recurso de apelación.

En el documento, dirigido a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el fiscal expresó su desacuerdo con el cómputo del tiempo transcurrido que sirvió de base para declarar prescrita la acción penal.

Los argumentos del fiscal provincial en el caso de Samara Rivera

El representante del Ministerio Público argumentó que durante el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 —decretado en marzo de 2020— los plazos judiciales estuvieron oficialmente suspendidos. En ese sentido, consideró que ese periodo no debió contarse dentro del tiempo límite para declarar la prescripción del caso.

Para sustentar su posición, citó resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, en las que se estableció la suspensión de términos procesales entre marzo y mayo de 2020, excepto para causas flagrantes y garantías jurisdiccionales.

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También mencionó que la Corte Constitucional, en agosto de 2020, declaró la validez de dichas resoluciones, siempre que no afectaran derechos fundamentales como el plazo para la prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal enfatizó que estos criterios sí deben aplicarse al cálculo del tiempo de prescripción en causas como la de Rivera.

¿Qué se busca con la apelación de la prescripción a favor de Samara Rivera?

El pedido formal fue que el tribunal superior revise la resolución dictada el 14 de julio de 2025 —y notificada un día después— que dejó sin efecto la acción penal por asociación ilícita contra Samara Rivera, debido a que habían pasado más de cinco años desde el inicio del proceso, sin una sentencia ejecutoriada.

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Astudillo solicita que se escuche su apelación en audiencia, como lo establece el artículo 654 del Código Orgánico Integral Penal y en respeto a la garantía de motivación establecida en la Constitución.

¿Qué pasará ahora con Samara Rivera, quien ya había sido sentenciada?

Con la apelación planteada, el caso queda abierto a una revisión por parte de un tribunal de jerarquía superior. De prosperar el recurso, la resolución que benefició a Rivera podría ser anulada y reactivarse el proceso penal en su contra.

Rivera había sido sentenciada a cinco años de prisión en 2024, pero su condena no llegó a ejecutoriarse debido a los recursos pendientes. Con la prescripción declarada, su situación jurídica quedó saneada, al menos por ahora.

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