Cinco individuos aprehendidos por estar presuntamente implicados en la contaminación de un contenedor con alcaloides, en Guayaquil, fueron procesados. La droga pretendía ser enviada hacia Bélgica, en Europa, en el interior de un cargamento de atún.

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Con ayuda de dos canes, policías descubrieron 1.612 bloques que contenían las sustancias, almacenados en el interior de cajas colocadas atrás de otras que almacenaban el producto de exportación. El hallazgo se produjo el sábado 16 de agosto, en una terminal portuaria ubicada en el sur de la ciudad.

Durante el procedimiento policial, cinco ciudadanos fueron capturados como presuntos involucrados en este acto ilícito. Con aquella acción, se impidió el envío de 1,8 toneladas de drogas, con un valor aproximado de cuatro millones de dólares.

Así contaminaron el contenedor

La Fiscalía, a través de una publicación informativa difundida el miércoles 20 de agosto, indicó que, de acuerdo con datos recabados durante las primeras investigaciones, se determinó que "las seguridades del contenedor habrían sido clonadas y sustituidas un día después de la revisión policial, lo que habría permitido la contaminación de la carga de exportación".

Los sospechosos son trabadores de aquella terminal portuaria, quienes fueron llevados hacia la Unidad de Flagrancia adjunta al cuartel modelo de la Policía.

Detalles de resoluciones judiciales

Durante la audiencia efectuada contra ellos, la fiscal de turno presentó como elementos de convicción los partes informativos y de aprehensión, la prueba de identificación preliminar homologada, el acta de verificación y pesaje de la droga, el informe de inspección ocular técnica, las versiones de agentes aprehensores, de los implicados y demás evidencias.

A partir de aquellos elementos, el juez que actuó en la diligencia acogió el pedido fiscal y procesó a los cinco aprehendidos basado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años la posesión, distribución, tenencia, transporte y comercialización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Adicionalmente, el magistrado dictó prisión preventiva en contra de los procesados. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días. 

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