En Ecuador, el décimo cuarto sueldo es un derecho laboral obligatorio y no puede ser renunciado, aplazado ni condicionado por el empleador. Este beneficio, equivalente al salario básico unificado —$ 470 en 2025—, busca aliviar los gastos escolares y personales de los trabajadores. En la Sierra y Amazonía, su pago debe realizarse hasta el 15 de agosto de cada año.

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Tienen derecho a recibirlo todos los trabajadores bajo relación de dependencia. También se incluye a jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Cuando el empleado no ha trabajado los 12 meses del período considerado, el monto se calcula de forma proporcional, tomando como referencia el tiempo laborado entre el 1 de agosto del año anterior y el 31 de julio del año vigente.

El cálculo es sencillo: 470 ÷ 12 × meses trabajados. Por ejemplo, si una persona trabajó solo 6 meses, recibirá $ 235. El empleador puede pagarlo de forma acumulada en agosto o mensualmente, pero esta última modalidad debe ser solicitada por escrito antes del 15 de enero.

¿Qué pasos seguir si no recibo el pago?

Si el décimo cuarto sueldo no se ha acreditado en tu cuenta hasta el 15 de agosto, existen mecanismos para exigirlo:

• Revisar el Sistema Único de Trabajo (SUT): allí es posible verificar si el empleador registró el pago correctamente

1. Presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo: el trámite es gratuito, no requiere abogado y puede hacerse presencialmente o en línea
2. Solicitar una inspección laboral: un técnico del Ministerio puede constatar la falta de pago directamente en la empresa

El incumplimiento de este beneficio no solo vulnera derechos laborales, sino que expone a la empresa a sanciones que van desde tres hasta veinte salarios básicos unificados. En 2025, eso equivale a multas de entre $ 1.410 y $ 9.400.

El décimo cuarto sueldo es un ingreso protegido por ley y forma parte de la remuneración mínima que todo trabajador debe recibir. Su omisión constituye una falta grave que puede ser denunciada y sancionada conforme a la normativa vigente.

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