Un profesor de matemáticas fue sentenciado a 21 años de prisión por el delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA), tras aprovecharse de la confianza que una familia depositó en él para nivelar académicamente a una estudiante de 11 años.

El caso fue procesado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), que presentó pruebas contundentes durante la etapa de juicio. El Tribunal también dispuso el pago de una multa de 300 salarios básicos unificados y una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima. 

La resolución fue adoptada de manera unánime por los jueces, quienes consideraron la gravedad de los hechos y aplicaron agravantes contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Durante el testimonio anticipado, reproducido durante la audiencia de juicio, la víctima narró que el profesor comenzó a tomarle fotografías y a grabarla de manera ilegal desde los 13 años, situación que se extendió hasta que ella cumplió los 17. 

El acusado comercializaba este material en páginas web y redes sociales, cobrando entre 10 y 20 dólares por imágenes y videos de carácter sexual. En el allanamiento realizado en el domicilio del sentenciado, las autoridades incautaron un computador y un teléfono celular que contenían evidencia directa. 

Resultados de las pericias

Por su parte, peritos informáticos confirmaron la existencia de imágenes de la víctima con los logotipos de las plataformas digitales en las que el material se promocionaba y se comercializaba. Asimismo, otra investigadora especializada expuso que la afectada, actualmente de 22 años, debió someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas para tratar las secuelas. 

Aunque ha logrado cierta recuperación, en su momento vivió episodios de vulnerabilidad y afectación emocional profunda.

Finalmente, el Tribunal determinó que la conducta del acusado se encuadraba en el artículo 103 del COIP, que sanciona la pornografía con utilización de niños y adolescentes con penas de entre 13 y 16 años de prisión. Sin embargo, debido a la agravante de haber mantenido un vínculo de confianza cercano con la víctima, la condena se incrementó hasta los 21 años de privación de libertad.

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