La reciente aprobación en la Asamblea Nacional de Ecuador de una reforma parcial a la Constitución, que busca eliminar el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, ha generado un fuerte debate en el país. El expresidente Rafael Correa fue uno de los críticos más vehementes, reaccionando con ironía y contundencia.

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La reforma fue aprobada el 7 de agosto de 2025 con 81 votos a favor, y propone eliminar los aportes estatales destinados al funcionamiento institucional y campañas electorales de organizaciones políticas. Impulsada por el presidente Daniel Noboa y su bancada legislativa ADN, esta medida será sometida a consulta popular en diciembre, luego del dictamen de la Corte Constitucional.

En respuesta a la publicación de la bancada oficialista que defendía la iniciativa, Correa escribió en la red social X: “Realmente uno se pregunta qué es mayor en esta gente: si la escasez de decencia o de neuronas. Con esos argumentos suspendamos las elecciones. Siempre es más barata una dictadura que una democracia. ¡Sinvergüenzas!”.

Por su parte, la bancada ADN defendió la reforma argumentando que “el dinero de los ecuatorianos debe financiar salud y educación de quienes más lo necesitan, NO puede seguir pagando gustos y campañas de organizaciones políticas y sus dirigentes. Hacemos lo correcto por encima de lo popular”.

¿Qué cambios trae esta reforma al sistema político ecuatoriano?

Actualmente, el financiamiento público a las organizaciones políticas en Ecuador se canaliza a través del Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral, administrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde la promulgación de la Constitución de 2008, estos fondos han destinado aproximadamente 263 millones de dólares para sostener la estructura de los partidos y financiar campañas electorales.

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La reforma propuesta elimina de manera integral estos recursos estatales, incluyendo los pagos directos que el CNE realiza a proveedores de publicidad y comunicación electoral. De ser aprobada en la consulta popular, los partidos deberán autofinanciar sus actividades, lo que podría generar un impacto significativo en la dinámica electoral y la competencia política.

El procedimiento legislativo continuará con el análisis y dictamen por parte de la Corte Constitucional, paso previo a la inclusión de la reforma en la papeleta electoral de diciembre próximo.

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