El reciente anuncio del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, sobre la reducción de ministerios, secretarías y el despido de 5.000 funcionarios públicos ha generado diversas reacciones entre los ecuatorianos. 

Al ser consultado por EXTRA, el analista político Mauricio Alarcón considera que, más allá de juicios apresurados, la medida debe leerse como una acción necesaria dadas las actuales condiciones del país. “En este momento no es posible establecer como algo positivo o negativo, exitoso o equivocado lo actuado por el Gobierno. No obstante, en las condiciones actuales, la reducción del tamaño del Estado es una necesidad”, aseguró Alarcón, en diálogo con este medio.

Con la medida, el número de ministerios se redujo de 20 a 14, mientras que las secretarías pasaron de 9 a solo 3. El analista recordó que Ecuador ya operó en el pasado con estructuras más compactas: “En los 90 y hasta inicios de los 2000, el país funcionó con entre 12 y 14 ministerios; hasta antes del correísmo, con 15. Fue en el gobierno de Rafael Correa cuando se desbordó la institucionalidad y se llegó a tener cerca de 40 entidades con rango ministerial”, señaló.

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Alarcón también comparó la medida de Noboa con reestructuraciones anteriores, como la de Lenín Moreno en 2018, que apenas implicó la eliminación de 514 partidas presupuestarias tras la fusión de instituciones. En contraste, destacó que los más de 5.000 despidos actuales superan ampliamente los esfuerzos de gobiernos anteriores.

Contexto económico en el Ecuador

El contexto económico es clave para entender el alcance de la decisión. El país cerró el primer semestre de 2025 con un déficit fiscal, cumplimiento del gasto corriente, pero baja inversión pública, especialmente en sectores sensibles para la ciudadanía. A esto se suman malas perspectivas económicas para el segundo semestre, agudizadas por la pérdida de más del 90 % de la producción petrolera, uno de los principales ingresos del Estado.

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Finalmente, el analista advirtió que estos recortes podrían ampliarse con la implementación de la Ley de Integridad Pública, que contempla evaluaciones al personal estatal. “Habrá que estar atentos y medir el impacto de esto en la gestión pública y la eficiencia institucional”, concluyó el especialista. 

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