El crimen se empieza a desenredar. Cuatro meses después de que el empresario Rubén Cherres y dos personas más sean hallados muertos en una vivienda del sector de Punta Blanca, Santa Elena, las autoridades capturaron a dos de sus presuntos verdugos.

(Mira también: Rubén Cherres: Caen en Guayaquil presuntos sicarios del empresario asesinado en Santa Elena)

El 31 de marzo de 2023, los vecinos de la casa en Punta Blanca alertaron del hallazgo de tres cuerpos sin vida. Además de Chérres, en la escena del crimen también se encontraban César Eduardo Amador Sotomayor y Josselyn Katiuska Rivadeneira Luzardo.

Según explicó el subdirector de la Dinased, Galo Geovanny Muñoz, los indicios encontrados en la escena del crimen permitieron que la Policía Nacional establezca la ruta que los ahora procesados tomaron para huir del la zona y evitar ser vistos por los vecinos de la vivienda.

Los presuntos autores del triple asesinato, según relató el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, fueron identificados como José Z. y Alex M. Durante estos meses, según continuó, ellos estaban siendo monitoreados por personal de inteligencia.

Según reveló el ministro del Interior, Juan Zapata, José Z. tiene antecedentes penales por robo y tenencia y porte de armas. Además, el sospechoso identificado por las autoridades como Alex M. registra antecedentes por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierras.

¿CÓMO CAYERON LOS PRESUNTOS SICARIOS DE CHERRES?

Luego de los meses de seguimiento y haber recabado los indicios suficientes, según indicó Fausto Salinas, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron las viviendas de los presuntos verdugos de Cherres y los detuvieron para fines investigativos.

Entre los indicios recabados en los allanamientos están teléfonos móviles, otros equipos tecnológicos y documentos. Según Salinas, lo recabado permitirá determinar al móvil del asesinato, así como otros posibles actores intelectuales y materiales del triple crimen.

También se informó que los detenidos fueron trasladados al cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, para ponerlos a órdenes de la justicia y fijar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos. Se adelantó que ellos podrían calificar para el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado para precautelar su integridad.

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