El asambleísta Santiago Díaz Asque, actualmente implicado en la violación de una niña de 12 años, presentó el pasado 3 de julio de 2025 un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busca modificar las disposiciones sobre el consentimiento en delitos sexuales.

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La propuesta fue respaldada por diez legisladores: Cristina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales Yagual, Diego Salas, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Nanki Saant, Eustaquio Tuala y Ledy Zúñiga.

La denuncia penal fue interpuesta el lunes 7 de julio de 2025, pero se hizo pública al día siguiente, el martes 8 de julio, generando una ola de indignación que colocó tanto al legislador, y ahora su iniciativa legislativa en el centro de la polémica.

¿Qué propone el proyecto?

La reforma busca modificar el artículo 175 del COIP, que actualmente establece que “el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años es irrelevante” en delitos sexuales.

Díaz propone que esta disposición se ajuste a la Sentencia No. 13-18-CN/21 de la Corte Constitucional, emitida en diciembre de 2021, la cual declaró la constitucionalidad aditiva de dicha norma. Según ese fallo, los adolescentes desde los 14 años pueden consentir en una relación sexual, y dicho consentimiento debe evaluarse caso por caso para determinar si hubo o no delito.

El proyecto, por tanto, propone reconocer expresamente esa capacidad de consentir desde los 14 años en el texto legal, siempre que el consentimiento haya sido libre, voluntario, informado y sin coacción.

El escándalo y la respuesta política

Aunque el contenido del proyecto responde a un precedente constitucional vigente, el hecho de que fuera presentado cuatro días antes de que se colocara la denuncia —y solo cinco antes de que esta se hiciera pública— ha generado una fuerte reacción.

Díaz negó las acusaciones, aseguró que se trata de una persecución política, y solicitó una licencia sin sueldo a partir del 8 de julio, tras hacerse público el caso. Su bancada, la Revolución Ciudadana, lo separó de forma inmediata.

Sin embargo, para la tarde de este 9 de julio, Díaz Arques ya cerró sus cuentas de redes sociales.

La Fiscalía ejecutó allanamientos el 9 de julio como parte del proceso investigativo. En ese procedimiento se hallaron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentos y otros objetos que podrían aportar a la investigación.

¿Reforma legítima o estrategia cuestionable?

Aunque el proyecto se basa en una sentencia de la Corte Constitucional que reconoce la capacidad progresiva de adolescentes mayores de 14 años para ejercer sus derechos sexuales, el hecho de que haya sido promovido por un legislador denunciado por violación a una menor pone en duda su legitimidad y ha encendido las alarmas en el ámbito político y social.

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