Roxana Balseca, madre de Héctor Balseca, de 26 años y César Morales, de 24, dos ciudadanos venezolanos que el pasado lunes fueron purificados por el asalto y robo de un carro en Otavalo, provincia de Imbabura, se presentó este jueves 25 de julio ante el Consejo de Cabildos que los juzgó y pidió perdón por el error que cometieron.

Aprobó la aplicación de la justicia indígena, sin embargo, y pese a las disculpas, la mujer y sus dos hijos deben abandonar el sector de Peguche.

Ante la Asamblea de los dirigentes de la parroquia de Miguel Egas Cabezas, Roxana Balseca les explicó que como madre le dolió ver a sus dos hijos en esa situación, pero que preferiría la justicia indígena que la ordinaria, es decir tras las rejas.

Los líderes comunitarios la escucharon mientras aceptaba el error de los chicos, y les dijo que están están arrepentidos.

La mujer aseguró que por su situación económica no querían irse de Peguche donde residen desde hace cuatro años. Sus hijos, uno de crianza, se dedican a la carpintería.

Sin embargo, para los dirigentes el hecho que cometieron ambos hombres, que tienen doble nacionalidad, fue grave.

Segundo Terán, teniente político dijo que a la mujer le dieron un plazo de entre diez a quince días, para irse, debido a que los chicos se encuentran en proceso de recuperación. Uno de ellos está herido por el choque que tuvo cuando intentaba huir de los taxistas que lo perseguían.

Humberto Muenala, presidente de la comunidad de Quinchuqui en cambio dijo que el desalojo de extranjeros de dudosa procedencia quedó suspendido. Esto hasta que los organismos de seguridad como la Comisaría Nacional, Dinapen, y Municipio hagan operativos a todos los lugares donde les dan albergue, pero en situaciones precarias.

Una vez que hayan sido notificados y de continuar dando el hospedaje, se hará cumplir con la resolución comunitaria de expulsarlos y tomar otras acciones, aseguró.