Un episodio de violencia sacudió la tranquilidad de una comunidad educativa en el norte de Quito el jueves 19 de junio de 2025, cuando el estruendo de un disparo resonó en las instalaciones del plantel. El incidente, que generó conmoción inmediata entre estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades, derivó en la rápida intervención de las fuerzas de control. 

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La Policía Nacional logro la aprehensión de dos menores de edad y el decomiso del arma de fuego involucrada. Según reportes preliminares, el proyectil alcanzó el pie de un alumno, quien afortunadamente solo sufrió lesiones consideradas como leves por personal médico.

Sin embargo, el hecho ha reabierto el debate sobre la seguridad en entornos escolares y la creciente presencia de armas en manos de adolescentes, dejando interrogantes sobre las medidas preventivas necesarias para evitar futuros eventos de esta naturaleza.

"Esto no empezó hoy", afirmó una madre de familia al describir cómo el tiroteo del jueves solo hizo visible lo que muchos callaban por miedo, la presencia sistemática de bandas que actúan impunemente en el colegio. Estos grupos no solo operan dentro de las aulas, sino que acechan en los exteriores del plantel, donde atacan a estudiantes que se resisten a sus exigencias.

Exigencias que incluyen el reclutamiento de los menores de edad hasta la participación en redes de microtráfico. Las investigaciones en el colegio han revelado un preocupante panorama de violencia institucionalizada. Además del arma de fuego involucrada en el tiroteo, se han incautado armas blancas, botellas de licor y sustancias estupefacientes en el interior del plantel.

Procedimiento judicial para los adolescentes aprehendidos

Testigos reportan que incluso el personal docente ha sido víctima de agresiones, y las peleas estudiantiles se han trasladado a las calles aledañas. Los docentes trabajan con miedo, admitió un funcionario del plantel, reflejando la parálisis que enfrenta la comunidad educativa. 

Frente a esta crisis, las autoridades identificaron a los dos presuntos responsables: J.F.M.P. (14 años), presunto autor material del disparo, y A.D.K.Q. (15 años), acusado de introducir el arma y la munición al recinto escolar. Ambos adolescentes fueron procesados bajo los protocolos establecidos en el Artículo 77 de la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La cual que garantizan sus derechos durante el proceso legal. Expertos insisten en que, sin programas integrales que combatan el narcotráfico local y la influencia de pandillas, estos episodios seguirán repitiéndose. 

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