El 6 de marzo de 2025 quedó grabado para siempre en la memoria de la familia Avilés. Ese día, mientras Alberto, de 44 años, trabajaba como despachador en una gasolinera, su esposa e hijos vivieron una pesadilla en su casa, ubicada en Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil: la peor masacre ocurrida en las calles de Ecuador, que dejó 22 asesinados.

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“Se encerraron en un dormitorio y no salieron hasta una hora después. Ahora vivimos con temor. Si yo no estoy en casa, mis hijos no salen. Es mejor prevenir”, cuenta Alberto.

Desde hace 14 años, él y su familia residen en este plan de vivienda social inaugurado en 2012. Antes vivían en las calles 24 y J, en el suburbio. Aunque dice que actualmente hay una calma aparente, el miedo sigue presente. “Uno no sabe en qué momento puede pasar algo. Todo ocurre en segundos”, reflexiona.

Lo que vivió esta familia es apenas una muestra del trauma colectivo que dejan las masacres, hechos que no solo apagan vidas, sino que alteran la rutina, el tejido social y la estabilidad emocional de comunidades enteras.

La vecina de Alberto, Bertha, de 74 años y originaria de Borbón (Esmeraldas), decidió regresar a su tierra natal después de los ataques. Solo vuelve a Guayaquil para retirar los dulces y cocadas que vende en las calles.

“Ya no podía vivir con ese temor todos los días. Por más que intentamos retomar la rutina, las cicatrices quedan. Es difícil olvidar que aquí mataron a nuestros vecinos. Es como caminar entre charcos de sangre, escuchar el eco de las balas”, dice con voz entrecortada.

En el mismo sector vive Francisco, un adulto mayor oriundo de Riobamba, quien lleva medio siglo en el Puerto Principal.

“Como ciudadanos vivimos en constante peligro. Ya no podemos salir a la calle con tranquilidad, pasamos encerrados. Antes, en esta esquina se reunía mucha gente, era una zona muy transitada. En mi cuadra, casi todas las casas están deshabitadas. Ese día fue terrible: se escucharon disparos. Yo salí recién después, cuando todo había pasado, y fue entonces que me enteré. Ahora, antes de salir, me asomo por la ventana y reviso bien a todos lados. La violencia está descontrolada en el país”, lamenta.

Violencia sin tregua

Según cifras oficiales de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 5.226 muertes violentas en Ecuador, un incremento del 40 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Un oficial de la Policía consultado por EXTRA advierte que el problema no radica solo en la cantidad de ataques, sino en su brutalidad.

“Muchas víctimas han sido colaterales. Los delincuentes se han vuelto más sanguinarios. En casos como los de Playas o El Empalme, ninguna de las personas asesinadas era el objetivo principal”, explica.

Las provincias de la región Costa concentran el 83 % de estos crímenes: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo.

Masacres que estremecen

Entre los hechos más estremecedores está el ataque del 6 de marzo en Socio Vivienda 2. A este se suman otras matanzas:

• - 17 de abril, en una gallera entre Manabí y Santo Domingo, con 12 muertos.

• - 19 de julio, en un billar en Playas, con 10 víctimas.

• - 27 de julio, en El Empalme, con 17 muertos y 11 heridos.

Secuelas invisibles

Más allá del conteo de cadáveres, la violencia deja huellas profundas. Para Ana Minga, experta en perfilación criminal y seguridad nacional, estas masacres son tácticas del crimen organizado para infundir miedo y marcar territorio cuando pierden rutas o líderes.

“No son ataques al azar, están diseñados para generar terror. Cuanto más brutal es el crimen, más efectivo resulta para estas bandas”, señala.

Minga advierte que esta violencia extrema provoca un “efecto espejo”: la gente se repliega, vive en estado de alerta, evita salir. “El país ha entrado en una etapa marcada por el pánico. En sectores como La Mariscal, en Quito, lo vemos claramente: negocios cerrados, calles desiertas. La gente huye de los lugares que percibe como peligrosos”, resume.

Secuelas invisibles

Desde una mirada sociológica, Javier Gutiérrez, experto en seguridad y atención a víctimas, alerta sobre una reacción colectiva peligrosa: el deseo de combatir el terror con más violencia. “La sociedad empieza a exigir mano dura, incluso si eso implica sacrificar derechos. Es una respuesta emocional que muchas veces favorece el autoritarismo”.

También destaca cómo las masacres erosionan la identidad nacional. “Los elementos que antes daban orgullo, como la cultura, el deporte, la gastronomía, quedan opacados por el horror. La gente siente que el país ha perdido el rumbo y ya no ve futuro aquí”.

Además, sostiene que este clima de terror debilita la confianza en las instituciones. “Se instala la percepción de que nadie protege a la ciudadanía. Cada masacre golpea la credibilidad del sistema de justicia y de las autoridades. Eso profundiza la crisis de gobernabilidad”, analiza.

Y concluye con una frase que resume el drama de miles de ecuatorianos: “El terror se instala en la vida cotidiana. Ya no se trata solo de evitar ciertos barrios, sino de vivir con la incertidumbre de no saber si uno volverá a casa. Esa es la mayor tragedia”.

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