Cansados de vivir con miedo y de recibir promesas sin soluciones, los moradores de la urbanización Santa Anita y del barrio Las Cuadras, en el sur de Quito, decidieron no esperar más.

Frente a la creciente ola de robos, consumo de drogas y aparente abandono institucional, levantaron la voz, activaron redes barriales y construyeron, desde su propia experiencia, una propuesta de ley que busca devolver el control del territorio a las comunidades, con apoyo real desde los gobiernos locales.

Acción ciudadana en barrios de Quito

En Santa Anita, una urbanización de 35 manzanas, 548 viviendas y cerca de 10.000 habitantes, la inseguridad se volvió parte de la rutina. Robos, venta de estupefacientes al menudeo y libadores en las calles deterioraban la convivencia. Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, del Municipio y de la Policía, los vecinos se organizaron para protegerse.

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Las alarmas instaladas por el Municipio dejaron de funcionar, al igual que la cámara del ECU-911. Para enfrentar esta situación, los moradores invirtieron entre 5.000 y 7.000 dólares en siete centrales privadas de alarma con megáfono, además de activar canales barriales de emergencia. Aun así, la respuesta policial es escasa.

UPC rehabilitada por vecinos de Quito

La Unidad de Policía Comunitaria (UPC), rehabilitada por los propios vecinos, permanece cerrada por falta de personal. Desde la dirigencia barrial se cuestiona la ausencia de recursos, la falta de mantenimiento de las instalaciones y la poca claridad en las acciones de las autoridades. Durante un año, representantes comunitarios participaron en mesas técnicas para estructurar una propuesta legal que permita asumir un rol más activo en la gestión de la seguridad.

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En el barrio Las Cuadras la situación es similar. Se ha reportado un aumento del microtráfico, comercio informal descontrolado y robos en motocicleta. Aunque también se instalaron alarmas, no hubo capacitación ni acompañamiento institucional. Todo ha sido costeado por los propios vecinos, quienes manifiestan que la carga de protegerse no puede recaer únicamente en la ciudadanía.

La propuesta de los vecinos

La propuesta legal impulsada por las comunidades plantea reformar la normativa vigente para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) lideren estrategias de seguridad ciudadana con enfoque preventivo y comunitario, en coordinación con el Estado. Uno de los ejes es permitir que los cuerpos locales asuman funciones concretas de control del orden en el espacio público, regulando ocupaciones indebidas, ventas informales y comportamientos que afectan la convivencia.

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