José Briones siente que su trabajo como celador en las calles del barrio El Labrador, en el norte de Quito, es como ‘el juego del gato y el ratón’. Mientras hace rondas por un lado, los ‘choros’ roban por otro.

En este sector, como en muchos otros, la población ha optado por guardianía privada o vigilancia comunitaria para frenar la ola de delincuencia, debido a que, según los moradores, hacen falta patrullajes y no se observa presencia policial.

Según el Ministerio de Gobierno, en lo que va del año en la capital se han registrado 1.156 robos de bienes, accesorios y partes de vehículos, mientras que de robos a personas hay más de 2.800 casos.

Esto motivó a los vecinos de El Labrador a contar con la ayuda de Briones. Y aunque con su presencia ha disminuido la inseguridad en la zona, cuenta con pocos recursos, lo cual limita su ‘camello’.

Un pito de plástico y una bicicleta son sus únicas ‘armas’. Con ellas recorre los tres kilómetros que conforman el perímetro que cuida y donde ‘caza’ delincuentes. “Identifico autos sin placa y personas sospechosas. Sí se ha logrado capturar a ladrones y entregarlos a la policía”, explica.

Sin embargo, cree que la falta de implementos de seguridad y armamento no letal frena su actuar. “Hay menos eventos, pero aún se dan... El domingo pasado le robaron el espejo del auto al vecino. Gracias a los guardias se pudo coger a los maleantes, pero no siempre se logra”.

En las últimas seis semanas en la avenida Isaac Albéniz se han registrado, al menos, cuatro robos a locales comerciales. Por el momento, la vía está inhabilitada por una obra pública. “No nos ha tocado de otra que buscar nuevas rutas, lo que también nos pone en peligro. Debería existir más patrullaje porque con los vigilantes no basta”, añade Pastás.

Experiencia

A 4 kilómetros de El Labrador, en la calle Manuel Godoy, del barrio Los Nevados, se instaló una caseta de vigilancia. En el interior está Julio Pazmiño, de 70 años. Lleva más de 40 como guardia comunitario y en ese punto tiene ya una década.

Su presencia ahuyenta a los ‘choros’. El botón de alarma ha sido su mejor ‘arma’. Aunque confiesa que en los últimos meses casi no lo ha usado.

Allí muchos lo conocen y no les importa su edad. Saben que su experiencia en seguridad sobra para espantar a los hampones. Doblando la esquina está una Unidad de Policía Comunitaria. Los ‘polis’ han conseguido coordinar su trabajo con el de Pazmiño, indica.

Jorge Guarderas, residente del sector, dice que no siempre hay personal suficiente en ese destacamento como para proteger a todo el barrio.

Pilas con los ‘choros’

En el sur, la realidad es similar. En el barrio Chaguarquingo, la UPC trabaja en conjunto con los vigilantes comunitarios. Se trata de gente que por unas monedas cuida los autos del sector y avisa a los uniformados si hay pillos.

César Soto es el residente más antiguo del sector y cuenta que la inseguridad no es oriunda del lugar y que migra de zonas aledaños como La Forestal. “Mal haría en decir que la policía no nos ayuda porque con los pocos recursos que tienen lo hacen”.

Luis Molina llegó hace poco a ese puesto de policía. “Sí nos ayuda la vigilancia comunitaria, sobre todo para identificar a la gente sospechosa”, refiere.

EXTRA pidió una entrevista al departamento de Comunicación de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

No siempre es personal calificado

Carlos Blanco, abogado, coronel de policía en servicio pasivo y experto en seguridad, explica que aunque la guardianía privada y los vigilantes comunitarios se han vuelto más comunes para mitigar la delincuencia, no siempre es la mejor opción. Esto, debido a los limitantes que tienen al no contar con los recursos logísticos para responder ante una situación de riesgo.

Según Blanco, solo el 30 % de los barrios de Quito cuenta con este personal. Algunos guardias pertenecen a compañías de seguridad, pero otros son contratados de manera independiente sin la misma calificación. “Los primeros tienen un supervisor, cuentan con cámaras y monitoreo, pero los otros no”.

Un problema aún mayor es que en Ecuador existen 3,2 policías por cada mil habitantes. Esto comparado con países de Europa donde cuentan con 7 por la misma población. “La falta de personal siempre será un problema”, describe.