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¡No más ‘maestros’ violadores en las aulas!
Un registro de los violadores para evitar que sean docentes. Llega a la Asamblea la propuesta de creación del catastro. Constará el nombre y los datos filiales.
Padres de familia realizaron un plantón en una escuela de La Floresta, al sur de Guayaquil, donde se denunciaron abusos en 2017.
El objetivo final es claro: que no haya más profesores que abusen y violen de los niños en las aulas.
Para eso se busca crear un ‘Registro de violadores’, una especie de catastro donde consten: nombres, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, cédula, lugar de domicilio, delito cometido, lugar del delito, huellas, ADN y otros datos relevantes de quien haya sido acusado de violador o abusador sexual.
Todo el plan se mueve con la clave de la prevención, pues las cifras sobre delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes en el país son preocupantes.
En tal sentido, la Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó, el pasado 2 de mayo de 2019, el informe para primer debate del proyecto de creación del Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de niñas, niños y adolescentes.
Los delitos sexuales en contra de los menores ocurren con frecuencia en el Ecuador. Según datos de la Fiscalía y que constan en el informe, se determina que entre 2016 y 2017 se reportaron 9.482 denuncias por abuso sexual, de estas en el 2017, 1.256 son por abusos sexuales a menores de 14 años.
Así mismo, el Ministerio de Educación determina que desde 2008 hasta octubre del 2017 se contabilizaron 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año. Del total, el 51 % (469) fueron cometidos por docentes.
Lo que plantea el proyecto
El Registro busca crear y mantener una base de datos con los nombres y datos filiales de todas aquellas personas condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes
La asambleísta Lourdes Cuesta (independiente), vocal de la Comisión y proponente del proyecto, dijo que la finalidad, a más de la prevención, es que sea una herramienta que permita que personas que han cometido este tipo de delitos queden inhabilitadas para trabajar en actividades que tengan relación directa con este grupo vulnerable. En el informe se determina que la inhabilitación será de por vida.
El registro estará a cargo del Ministerio de Interior y será reservado. Las personas que quieran trabajar con menores deberán pedir una certificación de no constar en dicho registro.
“Se ha tomado la legislación de otros países y se la ha adaptado a la normativa y realidad ecuatoriana. En Estados Unidos, desde 1996 está en vigencia la Ley Megan, donde incluso es más drástica, ya que una persona que ha cumplido una condena por un delito de índole sexual contra menores de edad tiene que informar a todos los vecinos del barrio dónde va a vivir, en qué casa y cuál fue el delito que cometió para que todos estén alerta”, afirmó Cuesta. Leyes similares hay en Uruguay, Argentina, El Salvador, Canadá, Australia, Colombia, Chile.
¿La norma podría violar derechos? Para María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, el tema debe ser estudiado detenidamente. A su criterio, habrá quienes piensen que sí, pero considerando que quienes salen de las cárceles por esos delitos no salen rehabilitados, la norma sería muy eficaz para la prevención de un grupo tan vulnerable.