En el renovado acceso principal del estadio Olímpico Atahualpa, la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), en conjunto con el Viceministerio del Deporte, anunció el inicio de un nuevo proceso para conocer ofertas por parte de empresas privadas, nacionales o internacionales que quieran invertir en la reconstrucción de este emblemático escenario.

Es el tercer intento de este tipo, pues previamente ya lo había hecho la CDP en 2023, cuando el proyecto estuvo a punto de adjudicarse a una empresa colombiana. Sin embargo más tarde el propio Ministerio del Deporte buscó un acuerdo con el ente provincial para que sea la empresa colombiana Gecar la que inicie los estudios de factibilidad. En aquellas dos ocasiones no se pudo iniciar por las tensiones políticas entre la interna de la CDP y los entonces delegados del Ministerio en el directorio del organismo.

“No estamos vendiendo sueños y utopía, es un trabajo sólido que va a beneficiar la infraestructura de nuestro país”, expresó ayer José David Jiménez, viceministro del Deporte, sobre el anuncio. Agregó que se tiene prevista para octubre la adjudicación de los estudios de prefactibilidad a la empresa que resulte seleccionada.

La expectativa, a decir de Jiménez, es que “en el primer semestre del 2026 se esté colocando la primera piedra”. Hasta que eso pase, aseguró que continuarán los trabajos de readecuación que se vienen realizando en el escenario.

Intervención y dudas

Pese a los ofrecimientos, la autoridad del deporte y el interventor de la CDP, Rommel González, no brindaron detalles específicos sobre el tipo de proyecto que se busca para el Olímpico Atahualpa, ni de temas más puntuales como el estado del conflicto legal por la publicidad interna con Deportivo Quito, asunto que a inicios de este año entró a instancias de la Corte Provincial.

Ante la insistencia de los periodistas respecto a la necesidad de claridad jurídica en torno al estadio, antes de cualquier proceso de adjudicación, Jiménez dijo que confían en lograr una solución favorable, sin brindar detalles de la postura actual de la CDP sobre el tema.

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Tampoco quedó claro hasta cuándo está prevista la intervención al ente provincial, que ya cumplió ochenta días. Al respecto, González indicó que el último miércoles se extendió oficialmente por 90 días más, posibilidad establecida en la Ley del Deporte y sin límite, es decir que puede extenderse las veces que el Viceministerio lo considere.

Desconocimiento entre dirigentes

“Me acabo de enterar hace diez minutos y porque estaba pasando por el estadio”, le contó a EXTRA Daniel Cárdenas, presidente de la Asociación de Lucha de Pichincha, quien precisó que no ha existido una socialización en la CDP sobre lo anunciado el jueves y que la preocupación principal gira en torno a quién manejará el estadio, considerando que en una propuesta anterior se planteaba un encargo de administración a 40 años.

Este medio pudo confirmar que tampoco existió participación ni siquiera de la denominada comisión en defensa del estadio, que consta de cinco miembros. Según contó uno de los integrantes, quien prefirió reservar su identidad, se convocó a una sola reunión, que más tarde se canceló.

De todas formas, la fuente explicó que jurídicamente el interventor no tiene la obligación de hacerlo, pues la figura le brinda plenos poderes en cualquier decisión. “Es como una dictadura”, comentó para ejemplificar la situación.

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