La reciente reforma que regula el manejo del fondo patrimonial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y su administración por parte del Banco del IESS (BIESS) ha generado un amplio debate sobre el futuro del crédito en el país. La normativa, aprobada en septiembre de 2025, introduce herramientas financieras que buscan garantizar liquidez, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del patrimonio de los afiliados y jubilados.

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Entre las medidas más destacadas se encuentran la posibilidad de que el BIESS se endeude utilizando activos del propio fondo, la venta de carteras vencidas a empresas de cobranza y la reactivación o liquidación de fideicomisos que actualmente no generan rendimientos. Estas acciones tienen como objetivo asegurar que el banco pueda continuar otorgando préstamos a los afiliados, pese a la creciente presión que ejercen las obligaciones del IESS en pensiones y servicios de salud.

El impacto en el mercado crediticio dependerá, en gran medida, de la efectividad con que el BIESS logre convertir estas medidas en liquidez. Si la recuperación de cartera y la reorganización de fideicomisos resultan exitosas, el banco podría alcanzar su meta de colocaciones para 2025, que supera los 5.000 millones de dólares. Los créditos hipotecarios, que actualmente tienen tasas desde 4,99 %, y los préstamos quirografarios inmediatos seguirían siendo los productos principales.

¿Podrían encarecerse los créditos para los usuarios?

Según dijo el economista Hernán Cevallos a este Diario, “si la liquidez se obtiene principalmente mediante endeudamiento respaldado en el fondo patrimonial, el costo financiero podría trasladarse a los usuarios en forma de mayores tasas, plazos más cortos o requisitos más estrictos para acceder a los préstamos”. Esto evidencia que la forma en que se administre el fondo patrimonial puede tener un efecto directo en las condiciones de financiamiento para los afiliados.

A esto se suma la presión presupuestaria del propio IESS, que proyecta retirar más de 1.500 millones de dólares administrados por el BIESS en 2025 para cubrir pensiones y servicios de salud. Esta reducción de capital disponible podría ralentizar la entrega de créditos o concentrar los desembolsos en segmentos de menor riesgo, afectando directamente a los afiliados y jubilados que dependen de estos préstamos.

En la práctica, estas tensiones podrían reflejarse en tiempos más largos de aprobación de préstamos, revisiones más estrictas del historial crediticio y campañas de refinanciamiento para evitar el deterioro de la cartera del banco. 

Cevallos advierte que una gestión técnica y transparente del fondo patrimonial podría mantener tasas competitivas y garantizar un flujo sostenido de crédito social, mientras que una administración politizada pondría en riesgo tanto el acceso al financiamiento como la sostenibilidad del sistema previsional.

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