Acoso sexual en la Policía de Ecuador: ¿Por qué las víctimas temen represalias de los agresores?

Tras denunciar a un mayor por presunto acoso sexual, una cabo segundo de Policía teme represalias dentro de la institución. La uniformada asegura que, después de que EXTRA revelara el caso el 6 de abril de 2026, fue convocada por altos mandos y percibe presiones para desistir del proceso.

Según su testimonio, durante tres años habría recibido intimidaciones y propuestas indebidas. La denuncia se formalizó luego de que, en enero de 2026, el oficial presuntamente le enviara una fotografía de sus partes íntimas a través de WhatsApp.

Un oficial de la unidad se contactó con EXTRA y, ante la consulta sobre el proceso, indicó que no se referiría al caso hasta que el implicado sea notificado formalmente de la investigación que llevaría adelante la Fiscalía.

Acorralada en la Policía

Luego de que este Diario publicara el caso, la cabo segundo fue convocada a una reunión con un alto directivo de las unidades especiales de la Policía Nacional.

Por temor a posibles amedrentamientos, acudió junto a sus abogados. En el despacho, según su versión, el oficial habría mantenido una actitud prepotente.

La uniformada aseguró que el directivo le dijo que no le interesaban los inconvenientes que hubiera tenido con el mayor años atrás, ni el hecho de que no hubiera puesto la denuncia en ese momento.

Además, el oficial habría señalado que la denunciante solicitó una entrevista con el ministro del Interior, John Reimberg, pero que, ante su ausencia, él accedió a recibirla.

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Tras este encuentro, la víctima considera que no existiría interés institucional en que el caso avance, con el fin de evitar que se investigue al presunto implicado.

Sus abogados enviaron una denuncia dirigida al ministro John Reimberg, en la que exponen lo ocurrido y solicitan información sobre las acciones adoptadas. La defensa espera una respuesta para luego acudir a la Inspectoría General de la Policía y solicitar el inicio de un sumario administrativo.

Temor tras denunciar

La reunión con el directivo incrementó el temor de la uniformada a sufrir represalias por haber hecho pública la denuncia.

Este no es un caso aislado. En los últimos tres meses, EXTRA ha revelado al menos otros dos procesos con un elemento en común: los denunciados ocupaban cargos superiores dentro de la institución.

Salidas sin sanción

Uno de esos casos ocurrió en enero de este año. Un coronel, entonces comandante de un distrito en el norte de la capital, fue denunciado por una joven policía por un presunto intento de abuso sexual dentro de una oficina.

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Según la denunciante, el oficial habría intentado besarla, tocarla a la fuerza y abusar de ella. Además, le habría hecho comentarios ofensivos con connotación de género.

Sin embargo, mientras se analizaba si el hecho constituía una falta muy grave, el oficial solicitó la baja voluntaria. El 28 de febrero salió de la institución con los beneficios correspondientes a su rango.

Temor de hablar

Otro caso se registró en Guayaquil. Un teniente coronel fue destituido el pasado 18 de marzo, luego de que dos oficiales y una policía lo denunciaran por abuso sexual.

El proceso se hizo visible cuando una de las víctimas alertó a una superior, quien también habría sido víctima de tocamientos. Posteriormente, una tercera uniformada se sumó a la denuncia.

Las tres coincidieron en que sintieron temor de denunciar. Incluso, una de ellas relató que una compañera le dijo que “algo ha de haber hecho” para que el oficial actuara de esa manera.

Trámites que desgastan

La abogada penalista Valeria Mena explicó que este tipo de casos puede verse afectado por la burocracia interna.

Indicó que las denuncias deben pasar por varios departamentos antes de determinar si se trata de una infracción de carácter sexual, proceso que puede tardar hasta 30 días.

Durante ese tiempo, otros servidores policiales pueden conocer el caso, lo que expone a la víctima a una posible revictimización. Además, advirtió que la denunciante podría seguir en contacto con el presunto agresor.

Mena señaló que, en estos escenarios, lo recomendable sería acudir directamente al departamento de Asuntos Internos para evitar retrasos.

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“Muchas veces, para evitar ser humilladas, las servidoras policiales no denuncian; y cuando lo hacen es porque han llegado a un nivel de hostigamiento total”, afirmó.

También advirtió que, mientras los procesos internos avanzan, el implicado puede solicitar la baja y salir de la institución sin sanción administrativa.

Seguimiento institucional

Desde la Policía Nacional se indicó a EXTRA que existe un marco normativo vigente para el tratamiento de presuntos casos de violencia o abuso sexual.

Según la institución, estos procesos se aplican bajo un enfoque de género, con el objetivo de evitar discrecionalidad en la cadena de mando y prevenir la revictimización.

Sobre el caso de la cabo segundo y el mayor implicado, la entidad señaló que “se realiza el seguimiento del caso en materia de derechos humanos y violencia basada en género, en cumplimiento de las disposiciones del Escalón Superior”.

¿Por qué no denuncian?

La abogada Kassandra Andrade explicó que los delitos de carácter sexual suelen generar vergüenza y sentimientos de culpa en las víctimas.

Además, señaló que, cuando las mujeres buscan denunciar a un superior jerárquico, muchas veces no cuentan con una red de apoyo dentro de la institución.

A esto se suma el temor a represalias, como traslados a zonas lejanas o peligrosas.

La experta también advirtió que, en algunos casos, los denunciados podrían tener cercanía con autoridades dentro de la institución o del sistema judicial, lo que incrementa la sensación de desprotección.