Caso Goleada: Juez anticorrupción envió a prisión a Aquiles Álvarez al considerar peligro de fuga
El magistrado Jairo Serrano acogió el pedido de Fiscalía. La defensa del alcalde de Guayaquil cuestiona el uso de la medida.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga.
“Por riesgo de fuga”. Con ese argumento, el juez Jairo Serrano ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos Antonio y Xavier (presidente y directivo de Barcelona, respectivamente); y otros dos procesados del caso Goleada.
La decisión se tomó la tarde del miércoles, en medio de una audiencia marcada por el choque de posturas entre Fiscalía y defensa. El magistrado, de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, acogió el pedido fiscal, al considerar que existiría peligro de fuga.
Álvarez fue enviado inicialmente a la Cárcel 4 de Quito, ubicada en el sector residencial de El Condado (norte de la capital). Sin embargo, la madrugada de ayer fue trasladado a la Cárcel Regional de Cotopaxi, en Latacunga.
La defensa refuta
La defensa reaccionó de inmediato. Ramiro García, abogado del alcalde, sostuvo que la solicitud de prisión preventiva no puede basarse únicamente en la gravedad del delito investigado. Según explicó, ese criterio contraviene estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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García insistió en que la privación de libertad procede solo cuando se demuestra riesgo real de fuga u obstaculización del proceso. Y enumeró cuatro razones por las que, a su juicio, su cliente no representa ese peligro:
- Mantiene una agenda pública permanente como alcalde de Guayaquil.
- Se presenta dos veces por semana ante la Fiscalía por el caso Triple A, acumulando 80 comparecencias.
- Tiene prohibición de salida del país.
- Porta un dispositivo de vigilancia electrónica.
No obstante, la Fiscalía habría sustentado el supuesto riesgo de fuga en un detalle clave: el alcalde no portaba el grillete electrónico durante los allanamientos ejecutados la madrugada del martes.
El parte policial señala que al ingresar al dormitorio, los agentes constataron que el dispositivo estaba en el piso, junto a la cama. Según el informe, Álvarez se lo habría colocado minutos después, en presencia del fiscal que dirigía el operativo.
Esa versión fue rechazada por la defensa. García afirmó que el aparato “estaba cargándose” y que su cliente no duerme con el grillete puesto. También negó que se lo hubiera removido.
Tras el hallazgo, la Policía se comunicó con el ECU-911 y con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), para verificar si existía alguna alerta por posible manipulación del dispositivo. Ambas entidades respondieron que no había notificaciones registradas.
La respuesta abrió interrogantes sobre los controles que aplican las autoridades para supervisar estos dispositivos mientras los procesados permanecen en libertad. No obstante, el ministro del Interior, John Reimberg, minimizó la polémica y aseguró que los grilletes “son de mala calidad”.
Caso triple A
Álvarez, además, enfrenta otro proceso penal: el caso Triple A, en el que se investiga la presunta comercialización ilegal de combustibles.
Tras su traslado a prisión, la Fiscalía recordó en redes sociales que la prisión preventiva está contemplada en el numeral 6 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y puede ser dictada por un juez mientras se desarrolla la investigación por el presunto delito.
El caso entra ahora en una nueva fase: un alcalde en funciones tras las rejas y un debate abierto sobre el uso de la prisión preventiva en procesos de alto perfil.