El 03 de septiembre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador informó sobre la ejecución del operativo 'Estrella Verde', desplegado por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción y con el direccionamiento jurídico de la Fiscalía General del Estado. Como resultado, se logró la aprehensión de 24 individuos: entre ellos 16 miembros de Fuerzas Armadas, siendo uno de ellos un integrante activo de Los Choneros.

Los uniformados junto con este grupo liderado por Adolfo Macías Villamar, alias Fito, son señalados de formar parte de una estructura dedicada al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos, según las autoridades. Ellos operaban en Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Distrito Metropolitano de Guayas (Durán, Guayaquil y Samborondón) y Distrito Metropolitano de Quito.

El caso no surgió de la nada. De acuerdo con las investigaciones, durante meses se rastrearon movimientos sospechosos hasta perfilar una organización delictiva estructurada en diferentes roles y funciones. La red habría operado con métodos precisos, ejecutando actividades ilícitas vinculadas a asociación ilícita y contrabando de hidrocarburos en provincias estratégicas de frontera, donde el control debía ser más estricto.

El hallazgo más delicado fue la implicación de 16 militares en servicio activo, quienes, lejos de custodiar las fronteras, habrían facilitado la libre circulación de vehículos cargados con mercancías de procedencia extranjera. Según los reportes, desde el Control Fronterizo Puyango (Loja) permitían el paso irregular de cargamentos que ingresaban desde Perú hacia Ecuador, pese a que su deber era evitar estas operaciones clandestinas.

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La cantidad de dinero que amasaban Los Choneros con ayuda de militares

El negocio era lucrativo. A cambio de beneficios económicos, la organización coordinaba el transporte de combustibles y mercancías. Se calcula que en promedio se registraban 142 eventos de contrabando cada dos meses, con un valor aproximado de 6.500 dólares por cada transporte. Estas operaciones incluían el paso de grandes vehículos de carga que ocultaban mercancía ilícita y dejaban jugosas ganancias para los implicados.

Las indagaciones también detectaron la extracción ilegal de combustible, en una magnitud alarmante: alrededor de 497.000 galones cada dos meses. Estos productos eran destinados al contrabando y su comercialización irregular, generando un perjuicio directo al Estado. El cálculo preliminar apunta a pérdidas que rondarían los 20 millones de dólares, una cifra que encendió las alarmas en las instituciones de control.

Las pesquisas confirmaron además cómo se mantenía el engranaje: llamadas telefónicas y chats en aplicaciones de mensajería instantánea servían para coordinar rutas, evadir controles y señalar a qué efectivos debían evitar. Con esos indicios, la Policía ejecutó diecinueve allanamientos de forma simultánea que culminaron con la captura de los 24 sospechosos, desarticulando, al menos por ahora, una de las redes de contrabando de hidrocarburos más complejas de los últimos años.

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