Tras varios días de silencio, los asambleístas del bloque oficialista ADN rompieron la reserva y ofrecieron declaraciones sobre la millonaria compra de medios realizada por su compañero de bancada, Luis Alvarado. Las reacciones se dieron durante la sesión solemne por la Independencia de Guayaquil, celebrada la mañana de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, en el Puerto Principal.

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El tema ha generado cuestionamientos dentro y fuera de la Asamblea. Según los registros públicos, Alvarado declaró en 2025 un patrimonio de 33.740,31 dólares, pero su empresa Galamedios S.A.S. adquirió por más de 2,5 millones de dólares las compañías Holdingvision y Levascan, propietarias de Radio Centro y La Posta, respectivamente. La diferencia entre lo declarado y la operación económica ha despertado dudas sobre la procedencia de los fondos.

¿Qué postura asumió el bloque oficialista?

El asambleísta Francisco Cevallos fue uno de los primeros en responder y sostuvo que ese es un tema personal que no involucra al movimiento. “Esa es una declaración que deben hacer las personas involucradas. Nosotros estamos preocupados por la situación del país (…)”, manifestó.

En la misma línea, Jorge Chamba defendió que la transacción de su compañero no debe ser objeto de debate político. “Esos son temas personales y ellos tendrán que responder por sus actos. ¿Qué tiene que ver ADN con un negocio particular?”, dijo.

Por su parte, Andrés Castillo marcó distancia de Alvarado y subrayó que el legislador debe justificar la operación: “Este es un tema que le corresponde responder a él. Tendrá que justificar cómo lo hizo, de qué manera lo hizo”.

El oficialista Juan José Reyes coincidió en que el caso debe pasar por los canales de control. “La transparencia existe, las entidades competentes existen y podrán revisarlo”, afirmó. 

Mientras tanto, la legisladora Rosa Torres recordó que “nadie está por encima de la ley” y que la investigación de la licitud de los fondos corresponde a las instituciones de control. “Hay entidades que se encargan de investigar la licitud, el origen y la trazabilidad de los fondos. La Asamblea Nacional hace las investigaciones de la responsabilidad política. Deberá ser Fiscalía, Contraloría y los órganos competentes”, puntualizó.

El también asambleísta Andrés Guschmer reconoció que el tema ha generado conversaciones internas y sostuvo que siempre será importante que se aclaren las acciones de los funcionarios: “Siempre va a ser importante tener claro todas las acciones que hagan los funcionarios públicos, sino de donde vienen decisiones que tomen los empresarios”.

¿Quién debe investigar la millonaria compra?

Las declaraciones de los legisladores dejan entrever una línea común: ADN intentaría deslindarse del caso y trasladar la responsabilidad de aclarar los hechos al propio Alvarado y a los organismos de control. Los asambleístas insisten en que se trata de un asunto privado, aunque admiten que el origen de los fondos es un tema que merece ser revisado.

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