Qué se sabe de los detenidos con más de 2.500 archivos ilegales con menores en Ambato y Quero

Dos hombres, de 34 y 20 años, fueron enviados a prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, en Cotopaxi, mientras se desarrolla la instrucción fiscal de 90 días por presuntos delitos relacionados con pornografía y comercialización de contenido sexual que involucra a menores de edad.

El coronel Jimmy Viteri, jefe de la Subzona de Policía de Tungurahua, informó que el operativo se ejecutó el jueves 16 de abril, con la participación de unidades especializadas de Ambato y Quito, como Dinapen, GOE y UMO, además del apoyo de organismos internacionales.

Según explicó, mediante herramientas tecnológicas se logró detectar el almacenamiento y la presunta distribución de material sexual con niños, niñas y adolescentes.

Tras las investigaciones, se realizaron allanamientos en Ambato y en el cantón Quero, donde se concretó la detención de los procesados. De acuerdo con el oficial, uno de ellos, de 34 años, sería colaborador en actividades administrativas de una iglesia católica en una parroquia de Quero.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló la tarde del jueves. Luego de varias horas, el juez de turno dictó prisión preventiva para ambos y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

Los detenidos son investigados por el presunto delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, sancionado con penas de entre 13 y 16 años de privación de libertad, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como por la presunta comercialización de este material, que contempla penas de 10 a 13 años.

Durante los allanamientos se levantaron indicios como cinco teléfonos móviles, tres computadoras portátiles, una libreta, fotografías, peluches y más de 2.500 archivos digitales, que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Además, las autoridades informaron que existen tres posibles víctimas: dos ya identificadas y rescatadas, y una tercera en proceso de identificación.

El coronel Viteri indicó que, en esta etapa, los investigadores revisarán el material incautado para determinar el alcance del delito. Añadió que la cooperación internacional fue clave para detectar los puntos de almacenamiento de este tipo de contenido y ubicar a los sospechosos.

Pronunciamiento de la Iglesia

El sacerdote Fabricio Dávila, vocero de la Diócesis de Ambato, señaló que la institución rechaza cualquier acción que atente contra menores de edad y la comunidad en general. Además, expresó su solidaridad con las posibles víctimas y sus familias.

Aclaró que la persona detenida no es trabajador de las parroquias eclesiásticas, ni sacerdote, ni una persona consagrada, ni mantiene una relación laboral directa con la Iglesia. “No es trabajador de una parroquia, no es sacerdote, no es monaguillo, no es alguien que tenga relación de dependencia de manera directa con la Iglesia”, enfatizó.

Explicó que dentro de la pastoral existen colaboradores como formadores o coordinadores de monaguillos; sin embargo, indicó que el involucrado no cumpliría ese rol.

Dávila aseguró que no existían denuncias previas dentro de la institución y que conocieron del caso tras el operativo policial y su difusión en redes sociales. También indicó que no tiene información sobre la identidad o procedencia del implicado.

Finalmente, manifestó que la Diócesis estará atenta al desarrollo de las investigaciones, colaborará con las autoridades en lo que se requiera y, de ser necesario, iniciará un proceso canónico interno. 

“Se entregará de manera incondicional cualquier información que sea solicitada para que se esclarezcan los hechos y se cumpla el debido proceso. Estamos del lado de las víctimas”, concluyó.