GRANASA denuncia intento del Gobierno de Daniel Noboa por tomar el 40 % de sus acciones

La empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, denuncia públicamente una serie de acciones que atribuye al Gobierno del presidente Daniel Noboa y que, según la compañía, buscan doblegar a ambos medios críticos mediante el uso de instituciones públicas.

En un boletín difundido este 1 de enero de 2026, GRANASA advierte que estas acciones tendrían como objetivo someter su línea editorial, afectando el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Ecuador.

Investigación del SRI y cuestionamientos a los cálculos

Según la empresa, en septiembre de 2025 conoció, a través de publicaciones de terceros, el inicio de una investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) por supuestas diferencias en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023, relacionadas con varios de sus revendedores mayoristas.

GRANASA solicitó al SRI formalmente la entrega de documentos, que hasta la fecha —según señala— no han sido proporcionados. No obstante, tres informes habrían permitido detectar inconsistencias en la metodología utilizada, especialmente en una fórmula matemática que, en lugar de restar el valor que el mayorista debía cancelar a la empresa por la compra de productos, sumaba ese monto a la utilidad, generando un resultado artificialmente inflado.

Declaraciones de funcionario y demanda anunciada

En el mismo período, la empresa cuestiona las declaraciones en redes sociales del secretario de Integridad Pública y director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, a quien acusa de “juzgar y sentenciar públicamente” a GRANASA.

Por estas declaraciones, la compañía, a finales de octubre de 2025, presentó una demanda por daños morales, la cual estaría pendiente de calificación, en un contexto que, afirman, genera dudas sobre la independencia de la Función Judicial frente al poder Ejecutivo.

Respuestas a requerimientos del SRI y Fiscalía

GRANASA asegura haber respondido a todos los pedidos de información y reuniones solicitadas por el SRI, incluso a procesos que califica como inusuales, como la apertura paralela de determinaciones tributarias de dos años fiscales consecutivos.

Además, indica que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un "inexistente" delito de lavado de activos. También se rindió versión.

Alerta por intento de control accionario

La empresa sostiene que ahora se estaría utilizando a la Superintendencia de Compañías para intentar revertir la transferencia del 40 % de las acciones de GRANASA, realizada años atrás desde la empresa Veranera, en proceso de liquidación, a favor de Ingrid Martínez Leisker.

La Superintendencia argumentaría la supuesta falta de “trazabilidad” de la transferencia para pretender el retorno de este paquete accionario a la empresa en liquidación. No obstante, GRANASA advierte que ya se habría nombrado un liquidador para administrar ese paquete accionario, lo que considera un nuevo intento de presión.

Visita de delegados y pedido de revisión de libros

El 31 de diciembre de 2025, el mismo día de la publicación del boletín, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención de la Superintendencia de Compañías designó a una delegada para realizar una inspección en las instalaciones de GRANASA en Guayaquil.

El pedido incluyó la revisión de libros de acciones y accionistas, así como del talonario de acciones. La diligencia no se concretó debido a que el único custodio de esa información es el representante legal, quien no se encontraba en ese momento en la empresa.

Llamado a la comunidad internacional

Finalmente, GRANASA hace un llamado a la comunidad internacional y a los gremios de medios de comunicación para que se mantengan atentos ante lo que califica como un deterioro de la libertad de expresión en Ecuador.

La empresa asegura que EXPRESO y EXTRA continuarán ejerciendo su rol de fiscalización y cuestionamiento al poder, pese a lo que considera una persecución política, en defensa de la transparencia, la verdad y el derecho ciudadano a estar informado.