El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en cinco provincias y tres cantones del país, ante el repunte de crímenes y atentados relacionados con estructuras delictivas. La medida regirá por 60 días y concede facultades extraordinarias a las fuerzas del orden para restablecer el control de la seguridad pública.

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El Decreto Ejecutivo 202, firmado la noche del lunes 4 de noviembre, abarca las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). En esas jurisdicciones se suspenden temporalmente los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que habilita allanamientos, requisas e interceptaciones bajo control judicial.

“La medida responde a una situación de violencia que amenaza la estabilidad del Estado y la convivencia pacífica de los ciudadanos”, señala el decreto.

Zonas bajo amenaza criminal

El Gobierno justifica la decisión con base en informes de inteligencia que advierten sobre acciones coordinadas de grupos organizados con presencia en esas provincias, donde se han registrado asesinatos, ataques armados y extorsiones.

Entre los hechos recientes mencionados constan el asesinato de un hombre en una gasolinera de Salinas, en la provincia de Santa Elena, y el crimen de un comunicador en Salitre, Guayas.

En el decreto también se dispone el despliegue conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para ejecutar operativos focalizados y recuperar el control territorial.

Más de 500 días bajo estados de excepción

Desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha recurrido de forma reiterada a los estados de excepción como herramienta de seguridad. Según registros oficiales, Ecuador ha permanecido más de 500 días bajo alguna modalidad de restricción de derechos o de intervención militar.

Aunque estas medidas buscan enfrentar la crisis derivada del crimen organizado y el narcotráfico, organizaciones civiles advierten sobre los riesgos de normalizar el uso de la fuerza y la militarización de la vida civil.

El nuevo estado de excepción se emite tras un repunte de la violencia en la Costa y en zonas del centro del país. En varias localidades, la ciudadanía ha denunciado la presencia de grupos que imponen “paz mafiosa” o controlan el territorio mediante amenazas.

Especialistas en seguridad coinciden en que la persistencia de estas medidas refleja una debilidad institucional para contener el avance del crimen, pese a los esfuerzos del Gobierno por mostrar resultados en la reducción de homicidios.

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