La legalización de solares municipales en Playas continúa siendo un vía crucis para cientos de familias del cantón y de otros lugares.

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Trámites que deberían resolverse en un plazo máximo de tres meses terminan extendiéndose por dos o hasta tres años, mientras proyectos de ordenanza para simplificar el proceso permanecen en espera desde hace más de dos años.

Uno de los ejemplos es el de Lucrecia Merizalde, quien viaja periódicamente desde Guayaquil hasta Playas para dar seguimiento a un trámite iniciado hace dos años para legalizar un terreno en el barrio Ecuador. Pese a haber cumplido con los requisitos y pagado las tasas correspondientes, hasta la semana pasada no recibía respuesta alguna. “Ya hice todo lo que me pidieron, pero no me dicen nada. Solo me hacen esperar”, lamenta.

Su caso refleja la situación de decenas de familias que ven pasar el tiempo sin obtener la escritura definitiva de los predios adjudicados por el Municipio.

El concejal Ricardo Carlos Mideros Lindao, miembro de las comisiones de Veeduría de Adjudicaciones y de Ordenamiento Territorial, reconoce que la excesiva burocracia es uno de los principales problemas. Con el objetivo de optimizar los procedimientos, asegura haber presentado hace dos años dos proyectos de ordenanza que aún no han sido tratados en sesión del Concejo.

El primero, entregado el 26 de julio de 2023, propone una “ordenanza sustitutiva que regula el arrendamiento y la venta de solares municipales”. El segundo, presentado el 21 de septiembre del mismo año, busca normar el “proceso de adjudicación de terrenos municipales ubicados en zonas urbanas con asentamientos irregulares”. Ambos documentos reemplazarían normativas consideradas caducas: la 001-2011 y las ordenanzas 05 y 10-2012.

Mideros explica que la propuesta contempla plazos definidos para que las distintas dependencias municipales –como Gestión Territorial y Gestión de Riesgos– emitan los informes técnicos necesarios. Una vez completados, los expedientes pasarán al Concejo Cantonal para su análisis y resolución en un tiempo establecido. “Con estas reformas, la legalización no debería superar los tres meses, frente a los dos o tres años que actualmente enfrentan los usuarios”, puntualizó.

El edil insistió en que los proyectos deben ser socializados con la ciudadanía y tratados por el Concejo. También recordó que es el alcalde quien debe encargar a la Procuraduría Síndica y a la Dirección de Gestión Territorial la emisión de informes técnico-legales sobre el contenido de las ordenanzas, trámite que hasta la fecha no se concreta.

“Si no se da paso a la legalización, no hay ingresos para las arcas municipales por concepto de compra, venta y arriendo de solares municipales”, advirtió Mideros, quien además planteó la necesidad de mejorar la optimización de los trámites administrativos con personal especializado en el tema.

La falta de decisión política en el tratamiento de estos proyectos evidencia, según los afectados, una ausencia de voluntad real para resolver uno de los problemas más antiguos de Playas: la seguridad jurídica sobre la tierra. Mientras tanto, la comunidad sigue atrapada en un limbo burocrático que el Municipio parece no tener prisa en resolver.

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