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Ecuador

Procesan a dos hombres en Echeandía por tenencias de armas y explosivos
Dos hombres, al parecer de una misma familia, fueron aprehendidos en Echeandía luego de un operativo militar en una parroquia.
En la parroquia de Sabanetillas, cantón Echeandía, personal militar ejecutó el operativo, donde capturaron a cuatro hombres, pero solo a dos presuntamente padre e hijo, fueron procesados por su presunta participación en la adquisición de armas de fuego de procedencia artesanal, municiones y explosivos no autorizados.
La Fiscalía presentó los elementos de convicción ante el Juez, quien dispuso prisión preventiva la tarde del lunes 20 de octubre, mientras se realiza la instrucción fiscal, prevista para veinte días, mediante procedimiento directo.
El operativo fue ejecutado por los militares con información de inteligencia. La intervención buscaba neutralizar actividades ilícitas y fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia de Bolívar, donde también rige el estado de excepción declarado mediante el Decreto No. 175, junto a otras nueve provincias del país.

Hallazgo de armas, explosivos y municiones
Durante el operativo, los militares registraron tres inmuebles, incautando dos armas de fuego de fabricación artesanal, 38 municiones de diferentes calibres, 13 cartuchos, dos alimentadoras, dos explosivos, fulminantes, perdigones, un teléfono celular y una motocicleta sin registro.
El trabajo dejó a cuatro personas fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes, pero después de la audiencia de formulación de cargos, solo dos fueron procesados.
La investigación determinó que los procesados no contaban con los permisos legales para la tenencia de armas de fuego, motivo por el cual fueron aprehendidos en delito flagrante.
La Fiscalía sustentó la apertura del proceso penal con el parte policial de aprehensión, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evidencias incautadas y las versiones de los agentes intervinientes.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 361, establece que fabricar, adquirir, comercializar o transportar armas de fuego, sus piezas o partes sin autorización constituye un delito sancionado con penas privativas de libertad de tres a cinco años.
Con la prisión preventiva dictada, los procesados permanecerán bajo custodia mientras avanza la investigación que permitirá definir su grado de responsabilidad.