¿Trabajo a cambio de comida y salud? Esto propone ley de Asamblea para tratar crisis carcelaria

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 84 votos a favor, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Esta normativa, tramitada por la Comisión de Seguridad Integral, surge como una respuesta legislativa ante la crisis de inseguridad y la pérdida de soberanía estatal dentro de los centros de rehabilitación social.

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El objetivo central de la reforma es restablecer el control institucional, impedir que las cárceles funcionen como centros de operaciones para el crimen organizado y asegurar que el cumplimiento de las penas se ejecute bajo estándares de legalidad y respeto a los derechos humanos. La aprobación del texto íntegro se dio durante una sesión descentralizada del Pleno realizada en la Universidad Católica de Cuenca. 

¿Quién propuso esta reforma? 

La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la mesa legislativa encargada del proyecto, fue quien presentó la moción de aprobación. Durante su intervención, Alarcón enfatizó que la reforma se sostiene sobre pilares técnicos y estratégicos que incluyen la inteligencia penitenciaria, la profesionalización de los agentes y la implementación de mecanismos de control rigurosos para el personal administrativo y de seguridad.

Uno de los puntos determinantes de esta nueva ley es el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Bajo el nuevo marco normativo, esta entidad se define como una fuerza especializada, de carácter civil pero armada y jerarquizada. Para garantizar la integridad de la institución, se han establecido requisitos mínimos de ingreso más estrictos, los cuales incluyen de manera obligatoria las pruebas de confianza.

Asimismo, se faculta el uso legítimo de la fuerza y se formaliza la cooperación entre militares y policías para mitigar el déficit histórico de guías penitenciarios en el país.

¿Qué cambios se efectuarán en la administración?

La reforma también introduce cambios estructurales en la administración de los centros. La normativa contempla la creación de grupos especiales de intervención diseñados específicamente para actuar en situaciones de crisis y restablecer el orden interno. 

Además, se establece una nueva metodología para la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad (PPL), basándose estrictamente en niveles de seguridad y el perfil de riesgo de cada individuo. Esto permitirá separar de manera efectiva a la población carcelaria y aplicar regímenes especiales para aquellos considerados de alta peligrosidad.

En el ámbito preventivo, la ley prioriza el fortalecimiento del sistema de inteligencia penitenciaria. Esta herramienta será clave para desarticular las estructuras criminales que han operado desde el interior de los pabellones y para prevenir actos de violencia antes de que escalen a motines. 

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Por otro lado, la norma incorpora reformas al régimen disciplinario, enfocadas principalmente en combatir la corrupción interna, un factor que ha facilitado históricamente el ingreso de objetos prohibidos y la gobernanza criminal en los centros de reclusión.

Este es el plazo que tiene SNAI

En cuanto a la rehabilitación social, la ley dispone que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ejecute políticas de trabajo penitenciario en un plazo máximo de 36 meses. 

Según el texto aprobado, estas actividades deberán alinearse con criterios técnicos de salud y seguridad, buscando que la dignificación a través del empleo sea el eje de la reinserción. Al respecto, la legisladora Alarcón ratificó que el trabajo es el único camino viable para lograr una verdadera rehabilitación y reducir los índices de reincidencia.

Finalmente, las asambleístas Lucía Jaramillo y Ana Belén Tapia coincidieron en que esta reforma busca corregir años de abandono estatal. Jaramillo señaló que las cárceles dejaron de cumplir su rol de rehabilitación para transformarse en espacios de operación delictiva, situación que la nueva ley pretende revertir mediante el control pleno del Estado. 

Por su parte, Tapia subrayó que la recuperación de la seguridad penitenciaria es una deuda con el pueblo ecuatoriano para garantizar la paz de las futuras generaciones. El documento será enviado al Ejecutivo para su respectiva sanción o veto.