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Sara Sabando lucha por justicia tras el femicidio de su hija Naomi Arcentales en Manta, a manos de un exfiscal manabita.Karina Defas / EXTRA

Violencia psicológica: denuncias, sentencias y casos que terminan en tragedia

Más de 122.000 denuncias entre 2021 y 2025 muestran que el abuso emocional puede ser tan mortal como los golpes, pero la justicia tarda en actuar.

De rodillas y encerradas, un hombre les prohibía a sus hijas y a su esposa escuchar música y dispuso que las muchachas no asistieran al colegio. Lo que empezó como una historia de amor entre un ecuatoriano y una mujer belga terminó en una demanda por violencia psicológica. Sucedió en General Villamil (Playas) en 2024.

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“Muy pocos de estos casos llegan a juicio. La Fiscalía lleva el proceso y se realizan varias diligencias, entre ellas una evaluación psicológica para que un especialista determine el daño que pudo haber sufrido la víctima. Sin embargo, hay muy pocos psicólogos en la institución. Se da prioridad a los delitos sexuales. A las víctimas de violencia intrafamiliar se las agenda para un año después”, explica la abogada Diana Moreira, de la Defensoría Pública.

Entre 2021 y 2025 se han presentado 122.014 denuncias por este delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). “La violencia psicológica es una antesala a la violencia física que posteriormente se ejerce contra las mujeres: golpes, empujones, toda clase de maltratos, halones de cabello… Luego se va incrementando y desemboca en femicidio”, señala la abogada Irene Reyes, quien trabajó durante 14 años como voluntaria defendiendo a mujeres víctimas de violencia.

En 2024 un hombre dejó su profesión de profesor de inglés para encerrar a su esposa e hijas, movido por una obsesión religiosa.cortesía

Reyes recuerda que hasta la década de los 80 no había un marco legal para denunciar este tipo de delitos. “En 1995 se creó la primera ley, la número 103, que reconoció que la violencia contra las mujeres no era un acto privado, como se establecía en el Código Penal”. En esa época, la ley permitía que el marido matase a la mujer si la encontraba en el lecho con otro hombre. No era catalogado como un crimen.

Femicida recibió condena por violencia psicológica

El exfiscal de Manabí Juan Carlos Izquierdo fue destituido de su cargo y sentenciado a tres años de prisión por el delito de violencia psicológica en 2024.

“Hemos luchado contra la corriente durante más de tres años y aún no tenemos una fecha exacta de cuándo se va a realizar la condena por violencia psicológica”, dice Sara Obando, madre de Naomi Arcentales, expareja de Izquierdo, cuyo cuerpo fue hallado en la habitación de un hotel de Manta en diciembre de 2021.

Sara recuerda cómo su hija empezó a alejarse de la familia. El video que se viralizó en redes sociales, donde se observa que Naomi (23 años) es golpeada por Izquierdo, lo recibió la hermana de la modelo después de su muerte.

“Sabemos que discutían bastante y ella se alejó de nosotros, no asistía a las reuniones familiares. Yo leí los mensajes en el teléfono de mi hija. Ella no iba porque estaba golpeada y este hombre no se lo permitía”, recuerda con pesar la madre. El proceso por el femicidio de Naomi sigue abierto.

Puede causar depresión

La psicóloga Estefanía Paz explica que toda acción que dañe emocionalmente a otra persona, degrade su autopercepción, limite su autonomía, intimide, coaccione y afecte mental y psíquicamente constituye violencia psicológica. En su trabajo ha conocido a mujeres que han desarrollado padecimientos psiquiátricos o psicológicos, como depresión grave, como consecuencia de estas agresiones.

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“Desde la justicia hay caminos, protocolos, para llevar un proceso legal justo, pero desde la percepción cultural se tiende a minimizar y normalizar. Desde el funcionario público que resta importancia a alguna acción, se piensa que un grito no es una agresión”, alerta.

La violencia psicológica sufrida por la ciudadana belga que atendió la abogada Moreira es uno de los pocos casos que llegaron a sentencia condenatoria. “Cuando se conocieron, él era profesor de inglés, un profesional, pero luego le dijo a ella que la ciudad estaba muy peligrosa y que debían irse al campo”. Él se hizo taxista, solo quería ir al culto, y la esposa le dijo que no podía dejar a las niñas sin asistir a la escuela”, rememora.

El control siguió creciendo en este hogar. El agresor pasó a los golpes e intentó vender la casa en la que vivían. “Él no está en la cárcel, apeló la sentencia, siempre estuvo con medidas sustitutivas. La pena es de seis meses a un año”, manifiesta Moreira.

En otras demandas por violencia psicológica que lleva la institución, las víctimas han abandonado la denuncia tras reconciliarse con la pareja, por mantener a sus hijos cerca del padre o por creer en el arrepentimiento del agresor. No obstante, el ciclo de violencia se repite, a veces una semana o un mes después.

Pericias lo detectaron

Según las pericias, Érik Ortega también ejerció violencia psicológica contra Adriana Camacho. Aquí, cuando huía tras asesinarla a ella y a su hijo en una casa de La Pradera.Cortesía

Sentenciado a 34 años por el asesinato de Adriana Camacho y de su pequeño hijo en febrero de 2020, la confesión que Érik Ortega hizo a los policías que lo detuvieron en Montañita (Santa Elena) fue una prueba clave para determinar su culpabilidad. Él ya ha cumplido cuatro años de la sentencia, recuerda Patricia Bermúdez, la madre de Adriana.

Inicialmente se investigó el envenenamiento de Adriana (36) y de su hijo (5) como un suicidio, al ser encontrados sobre la cama en su casa ubicada en la ciudadela La Pradera, sur de Guayaquil. Esta hipótesis fue descartada por la Fiscalía mediante una pericia que determinó que la mujer también fue víctima de violencia psicológica.

“Las funcionarias entrevistaron a personas allegadas a mi hija. Se concluyó que ella tenía un proyecto de vida, que quería seguir criando a su hijo y darle lo mejor, pero también hallaron el alto riesgo de violencia psicológica que él ejercía contra ella”, dice Patricia.

Después del asesinato de Adriana, la madre esperó un año para escuchar la sentencia condenatoria, un proceso que recuerda como angustiante. Y no ha terminado aún, pues ella y su familia esperan la fecha para la audiencia definitiva ante la Corte Nacional.

Por su parte, Virginia Muñoz dedica parte de sus días a las diligencias judiciales posteriores a la denuncia por femicidio que colocó tras la muerte de su hija Lisbeth Baquerizo, en una casa de Puerto Azul en diciembre de 2020. Las pericias realizadas por la Fiscalía determinaron la existencia de violencia psicológica. “La prueba determinó que había habido una discusión. Al parecer ella quiso irse, abandonar ese lugar, y él (Luis Hermida) no la dejó”.

En el informe se indica, además, que existieron amenazas y chantajes. La violencia psicológica se encuentra registrada como una serie de hechos ocurridos tres meses antes de la muerte de Lisbeth. Virginia mantiene en su memoria otros episodios y asegura que el hombre que fue pareja de su hija (ahora prófugo de la justicia) le decía que si lo abandonaba se iba a suicidar.

Katty López, madre de Lisbeth Baquerizo, sostiene el retrato de su hija, víctima de chantajes y amenazas de su pareja.VALENTINA ENCALADA ORTEGA

Acceso a la defensa, obstáculo para la justicia

La primera causa de atención que registra el Hogar de Acogida Jesús de Nazareth, dirigido por Hogar de Cristo, es la violencia psicológica. En 2024 acogieron a 116 víctimas y en 2025 han atendido a 46.

Taly Magallanes, coordinadora de la casa, explica que la violencia psicológica empieza de formas sutiles, imperceptibles, y daña la estabilidad emocional de las mujeres y de sus hijos. “Puede incluir insultos, amenazas, aislamiento, manipulación y control”.

El acceso a medidas de protección para las denunciantes es uno de los obstáculos que ha enfrentado la abogada Kattia Cruz, del Centro de Promoción y Acción de la Mujer. “Llevamos cinco casos de violencia psicológica y física en 2025, y en dos casos la violencia física ha ocurrido después de que se presentó la denuncia por violencia psicológica, a pesar de que se han activado medidas de protección y estrategias de seguridad”.

Los policías alegan que no pueden acceder rápidamente a los barrios donde ocurre la agresión debido a la crisis de violencia generalizada.

El acceso a una valoración por parte de los peritos de la Fiscalía es otro problema para las víctimas. Según explican, hay pocos peritos y mucha carga laboral. “Se prioriza la violencia sexual. A una usuaria le demora más de un año conseguir una fecha de entrevista”.

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