Carchi: Una familia a la espera de justicia tras el terrible crimen de una madre y sus dos hijas
Han pasado dos años desde que se cometió el triple femicidio en Tulcán y los responsables no han sido detenidos. Uno estuvo tras las rejas, pero fue liberadado
Narcisa Rosero y su familia piden que se dé con el paradero de los dos implicados en este caso.
El dolor acompaña a Narcisa Rosero desde que la tragedia golpeó a su familia. La mujer recuerda que, desde el asesinato de su sobrina Vanessa y la muerte de las dos hijas de ella, Briana y Génesis, la vida de sus allegados cambió para siempre.
“Hasta hoy no encontramos paz ni tranquilidad”, relató a EXTRA al recordar el caso que estremeció a Tulcán entre 2023 y 2024 y que vuelve a resonar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mientras el principal sospechoso y un supuesto cómplice siguen prófugos.
La historia de esta familia ocurre en medio de una violencia que sigue golpeando a las mujeres en Ecuador. Según cifras de la Fiscalía General del Estado, entre el 3 de enero y el 15 de febrero de 2026 se registraron 6 femicidios en el país.
En el mismo periodo también se reportaron 89 muertes violentas de mujeres que no fueron catalogadas como femicidio. En la mayoría de estos casos se usaron armas de fuego (87,64 %, es decir 78 de 89 casos).
Las cifras de organizaciones sociales muestran un panorama aún más amplio. La Fundación Aldea, una organización ecuatoriana que monitorea la violencia feminicida desde la sociedad civil, registró 411 femicidios en 2025, lo que equivale a uno cada 22 horas.
El informe también señala que 78 % de los casos (321 de 411) se cometieron con armas de fuego y que 50 de las víctimas eran niñas o adolescentes, lo que evidencia la gravedad de la violencia contra mujeres y menores en el país.
La tragedia ocurrida en Carchi
El crimen que cambió la vida de la familia Rosero ocurrió la noche del 29 de octubre de 2023, cuando el cuerpo de Vanessa fue hallado en un terreno baldío cercano al hospital de Tulcán. La autopsia determinó que la mujer fue degollada.
Esa misma noche se reportó la desaparición de sus hijas, Briana y Génesis, de 3 y 9 años. Durante semanas, la familia las buscó con la esperanza de encontrarlas con vida.
Pero el 12 y 13 de febrero de 2024 se confirmaron los peores temores. Los cuerpos de las niñas fueron hallados en el sector de Angasmayo, en el noroccidente de Tulcán, dentro de pozos y metidos en sacos de yute.
Las investigaciones de la Fiscalía, con apoyo de la Dinased, apuntaron a la pareja sentimental de Vanessa como principal sospechoso. Cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo en el que se movilizaba y pericias telefónicas situaron su celular en el lugar del crimen. Además, pruebas de luminol detectaron rastros de sangre en la cajuela del automóvil.
Un juez ordenó su captura y la emisión de una alerta internacional de Interpol, pero hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido.
Mientras tanto, el proceso avanzó contra otro implicado. Aunque inicialmente fue declarado inocente y liberado, la Fiscalía apeló y la Corte Provincial del Carchi lo declaró cómplice del femicidio de las niñas. La sentencia fue de 17 años y cuatro meses de prisión, además del pago de $20.000 como reparación integral. Sin embargo, el hombre también terminó fugándose.
Para Rosero, la tragedia dejó una herida que aún no sana. “Sabemos que nadie nos va a devolver la vida de ellas, pero queremos justicia”, dijo.
Violencia contra la mujer escala
Las hermanas fueron arrojadas dentro de pozos, en sacos de yute.
La defensora de derechos de las mujeres Paulina Rueda, coordinadora del Observatorio de Erradicación de Violencia de Género, señaló que este caso refleja cómo la violencia dentro de una relación puede escalar hasta consecuencias extremas. “Nos indigna que se haya liberado a uno de los implicados. Estaremos atentas a lo que sigan decidiendo los jueces”, afirmó.
El especialista en seguridad Kléber Carrión explicó que las investigaciones por femicidio suelen ser complejas y prolongadas. “En estos casos la investigación previa puede durar hasta dos años, porque el agresor suele pertenecer al entorno cercano de la víctima, lo que dificulta obtener información y esclarecer los hechos”, indicó.