Han transcurrido 67 días desde la muerte de Ericka Beatriz Vera Párraga, y su madre aún no encuentra consuelo ni respuestas que permitan identificar a los responsables del accidente que le arrebató la vida.

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Ericka, de 24 años, falleció el pasado 24 de junio en la vía Perimetral, cerca del mercado de Montebello, en el noroeste de Guayaquil. Testigos relataron que esperaba un vehículo cuando un contenedor se desprendió de un tráiler y la aplastó.

“Parece que hubieran atropellado a un perro, y aun así eso sería un delito. ¿Cómo es posible que, después de más de dos meses, nadie se responsabilice? Ni el conductor, ni el dueño del contenedor, ni la empresa. Esto es una pesadilla de la que siento que nunca voy a despertar”, manifestó Lilia Ramona Párraga Solórzano, madre de la joven.

Deuda y dolor

A la falta de respuestas judiciales se suma la dura situación económica de la familia. Los gastos funerarios, que supuestamente serían cubiertos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), continúan impagos. La madre asegura que incluso ha recibido llamadas de cobro por parte de la funeraria que proveyó el féretro y el espacio en el cementerio donde fue sepultada su hija.

“Nosotros no teníamos dinero para enterrarla. Durante el velorio llegaron funcionarios del MIES ofreciendo cubrir los gastos, pero nunca lo hicieron. Y lo peor es que ahora me llaman para cobrarme. Solo aparecieron para figurar. No hemos recibido ningún tipo de ayuda”, lamentó.

Ericka dejó tres hijos: una niña de 8 años, un niño de 5 y un bebé de apenas 10 meses. Los dos mayores permanecen desde el 28 de junio en una casa de acogida, por decisión de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

“El padre de los niños enfrenta un grave problema de adicciones y la familia materna no reunía las condiciones necesarias. Además, había disputas internas sobre quién debía quedarse con los menores. No podíamos permitir que fueran tratados como objetos. En función del interés superior de los niños, la mejor opción fue ingresarlos a una fundación”, explicó el mayor Galo Mancero, jefe de la Dinapen.

Riesgos en contenedores

El caso de Ericka reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte de contenedores en Guayaquil, ciudad donde miles de tráileres recorren a diario la vía Perimetral y otras arterias principales.

La experta en tránsito Malena Marín manifestó que existen manuales especializados que detallan cómo asegurar la carga mediante sistemas de amarre adecuados, de modo que se convierta en una unidad sólida y se eviten desplazamientos del contenedor durante el transporte.

Cada empresa transportista define los protocolos de capacitación y equipamiento según el tipo de carga; pero en todos los casos, incluso cuando el contenedor está vacío, este debe ser asegurado para prevenir inestabilidades que puedan causar accidentes.

Marín advirtió que en la práctica es común ver contenedores mal sujetos, muchas veces por la prisa en los procesos de carga y descarga. Esta negligencia incrementa el riesgo, pues el mal uso de ganchos o amarres puede provocar que tanto el contenedor como el vehículo se vuelquen.

Otro factor de peligro son los puntos ciegos de los camiones de carga pesada, generados por su tamaño y radio de giro. Estas áreas invisibles al conductor, al frente, a los costados y detrás, pueden ocasionar accidentes al cambiar de carril o girar. A ello se suma el mal estado de las vías, que obliga a efectuar maniobras bruscas para esquivar baches u obstáculos, lo que puede desestabilizar la carga.

En este contexto, la especialista recalcó que el conductor debe estar plenamente capacitado y que la empresa transportista es corresponsable de garantizar protocolos estrictos, equipamiento adecuado y actualización constante de conocimientos.

En materia de circulación, los vehículos pesados suelen transitar por vías perimetrales y principales, diseñadas con pavimento reforzado y señalización específica. Además, las autoridades establecen horarios y restricciones para reducir la interacción con vehículos livianos, sobre todo en horas pico.

Por su parte, Denis Quispe, director ejecutivo de la Cámara de Transporte Pesado de Guayaquil, recordó que los contenedores deben asegurarse con sus cuatro ‘twistlock’ o ‘piñas’. No obstante, reconoció que una maniobra inadecuada o factores externos pueden generar siniestros.

Quispe también señaló que el sector enfrenta riesgos adicionales, como robos, extorsiones y secuestros. “En caso de accidentes con víctimas mortales, la responsabilidad penal recae sobre el conductor, aunque serán las investigaciones judiciales las que determinen el grado de culpa. En el ámbito civil, el propietario del vehículo es responsable solidario”.

Indicó que en Guayaquil los horarios de circulación de este tipo de carros están regulados por la Gaceta #57, que permite que rueden de 10:00 a 17:00 en determinados sectores. En la vía Perimetral no existe restricción y también se permite su tránsito por la vía a Daule, siempre en el carril derecho y respetando las condiciones de la calzada.

El arquitecto Xavier Gallo Galarza, planificador portuario, indicó que la falta de infraestructura adecuada agrava el problema. Por ello considera oportuna la construcción de un gran patio logístico en el sur de la ciudad, con capacidad para 40.000 contenedores, lo que reduciría hasta en un 60 % la carga sobre la Perimetral.

“Mientras no se implementen soluciones estructurales, la ciudad seguirá expuesta a tragedias evitables como la de Ericka”, comentó.

Indemnización aún pendiente

Una funcionaria del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT) informó que para que los hijos de la víctima accedan a la indemnización del seguro, es indispensable que cuenten con un curador legal. “En este caso, la abuela materna ya inició el proceso para obtener la curaduría gratuita, cuya primera audiencia está prevista para septiembre”.

La representante de SPPAT recordó que la madre de los menores falleció y que el padre no está en condiciones de asumir su cuidado debido a su situación personal.

“Por ello, será necesario esperar el avance del proceso judicial, tras lo cual la abuela podría convertirse en la representante legal y recibir el apoyo económico destinado a los niños. Este trámite podría tardar entre seis y ocho meses”, precisó.

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