El proceso judicial que enfrenta Johan Gómez, esposo de la presentadora de televisión Karin Barreiro, ha tomado un nuevo rumbo luego de la audiencia de formulación de cargos celebrada el pasado 11 de septiembre de 2025. En dicha diligencia, el juez determinó imponerle medidas cautelares contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas disposiciones establecen que el procesado no podrá salir del país y que deberá presentarse tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— ante la Fiscalía.

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La vigencia de dichas medidas será de 45 días, periodo solicitado por el fiscal a fin de continuar con las investigaciones. Sin embargo, la defensa de Gómez, encabezada por el abogado Raúl Llerena, ha solicitado la convocatoria a una Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares, con el objetivo de analizar la pertinencia de mantener la obligación de comparecencias periódicas en la Fiscalía.

El recurso presentado expone que la medida resulta desproporcionada y materialmente imposible de cumplir, debido a que Gómez mantiene un contrato vigente como preparador físico del primer plantel del Guayaquil City Fútbol Club, equipo de fútbol ecuatoriano. Según el escrito, sus funciones incluyen actividades en horarios matutinos y vespertinos, además de viajes constantes a nivel nacional, lo que dificulta cumplir con la presentación tres veces por semana.

¿Por qué se investiga al esposo de Karin Barreiro?

Cabe recordar que estas medidas cautelares fueron impuestas a raíz de un siniestro de tránsito ocurrido el domingo 2 de junio de 2024, alrededor de las 19:15, en la vía Durán–Yaguachi, a la altura del kilómetro 9, cerca de una gasolinera. En el mismo falleció una niña de 10 años.

El informe médico legal determinó que la causa de muerte de la menor fue contusión cerebral, fractura de la base del cráneo y traumatismo cráneo encefálico.

El delito que se le imputa a Gómez es muerte culposa por accidente de tránsito, tipificado en el artículo 377 del COIP. Esta norma sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quien ocasione un accidente con resultado de muerte por infringir un deber objetivo de cuidado, además de la suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la condena.

La versión de Johan Gómez sobre el caso

Durante su declaración, Gómez relató que conducía el vehículo, y lo acompañaba su esposa quien se encontraba embarazada y había salido con él a comprar hamburguesas, pues tenía antojos producto de su estado de gestación. Explicó que, tras un primer impacto en el automóvil, percibió un objeto extraño rozando una llanta. Indicó que, por seguridad, no pudo detenerse de inmediato y que un motociclista lo interceptó, insultó y golpeó el carro, situación que lo hizo temer por su seguridad.

“Bajo el vidrio y el tipo me insulta, me golpea el carro. Se me pone al frente del carro en una actitud desafiante como si iba a sacar un arma. Yo me recosté a un costado y aceleré el carro porque no sabía qué pasaba. Es ahí donde realmente me entero que la niña se había impactado en el carro", mencionó Gómez ante el juez. 

Posteriormente, fue la propia Karin Barreiro quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido. Ella figura también en el proceso al ser la propietaria del vehículo implicado. "Ese carro está a nombre de mi esposa Karin Barrero, quien está en estado de embarazo. Por eso creo que en redes sociales ella fue señalada como que manejaba en realidad tanto por la oscuridad del lugar y por el imprevisto del impacto de la niña se debió a que seguramente salió corriendo a cruzar la vía y se impactó con el vehículo. Por el lugar donde ocurrió el accidente hay un paso cero además semáforo. Nunca he tomado contacto con los familiares de la niña". 

La postura de la defensa

En audiencia, el abogado Llerena insistió en que su cliente nunca huyó del lugar ni intentó evadir responsabilidades. “Fue la esposa del señor Gómez quien dio aviso al 911. Él, al detener la marcha metros más adelante, buscó salvaguardar la integridad de su familia, que ya estaba siendo agredida por un grupo de personas”, explicó.

El defensor subrayó que el pedido de revisión de medidas busca garantizar que se respete el derecho al trabajo de su cliente y que se impongan condiciones proporcionales a la naturaleza del caso.

Actualmente, el proceso sigue en curso en la Unidad Judicial Penal de Durán, donde se evaluará en los próximos días si se modifica o no la medida de presentación periódica en Fiscalía.

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