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Diario Extra Ecuador

Fiscalía se pronuncia luego de operativo en Segura EP solicitado por la Policía: "un acto urgente"

Fiscalía confirmó que el operativo en Segura EP fue un “acto urgente” pedido por la Policía por presunta difusión de imágenes a un servidor externo

Momento del allanamiento a Segura EP, este 15 de febrero.

Momento del allanamiento a Segura EP, este 15 de febrero.ALEX LIMA.

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La Fiscalía General del Estado informó la noche de este 15 de febrero que el allanamiento ejecutado en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) se realizó mediante un “acto urgente” solicitado por la Policía Nacional.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad detalló que la solicitud se sustentó en información reservada que advertía que Segura EP estaría difundiendo contenido confidencial —específicamente imágenes captadas por cámaras de videovigilancia— hacia un servidor externo aún por confirmar.

(Te invitamos a leer: Allanamiento en Segura EP: Gobierno tomó control operativo de la empresa pública de Guayaquil)

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Intervención en Segura EP por presunta difusión de información reservada

Según el pronunciamiento oficial, durante el procedimiento “se levantaron indicios” relacionados con la presunta vulneración en el manejo y almacenamiento de datos. La intervención fue ejecutada en coordinación con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Las autoridades precisaron que hasta la noche del domingo 15 de febrero no se registraron personas detenidas como resultado del operativo.

La Policía Nacional interviene en instalaciones de Segura EP, en Guayaquil, con el ministro John Reimberg (c) al frente.

La Policía Nacional interviene en instalaciones de Segura EP, en Guayaquil, con el ministro John Reimberg (c) al frente.ALEX LIMA

El ministro del Interior, John Reimberg, ingresó a las instalaciones de Segura EP, ubicadas en la ciudadela Martha de Roldós, acompañado de un grupo de policías.

Reimberg señaló que la intervención se dio por el presunto incumplimiento de un acuerdo ministerial. De acuerdo con el funcionario, la empresa municipal debía mantener el almacenamiento de la información de videovigilancia en sus propias instalaciones y no delegarlo a un tercero privado.

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