La Unión Nacional de Educadores (UNE) ratificó este lunes su denuncia sobre la presión ejercida contra varios docentes para que participen en movilizaciones de apoyo al Gobierno. Según la organización, las llamadas y mensajes dirigidos a maestros vulneran su libertad y dignidad, al convertirlos en instrumentos de una estrategia política.

Te puede interesar: Policía evitó robo en bus en Guayaquil e implicado quedó libre: aumentan operativos

“No podemos permitir que los docentes sean usados como piezas de un juego político”, señaló la UNE en su cuenta oficial de X. La organización subrayó que su lucha se centra en defender la vida, la educación pública y los derechos de los ciudadanos.

En el mismo comunicado, la UNE recordó que el incremento del diésel, de $1,80 a $2,80 por galón, repercute en la economía del país, afectando transporte, pasajes y el precio de productos de primera necesidad.

Respuesta del Gobierno: negación y minimización

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, rechazó las acusaciones y aseguró que el Ejecutivo no tiene conocimiento de funcionarios movilizados hacia Latacunga. Además, sostuvo que las protestas han sido protagonizadas por “pequeños grupos de 60 u 80 personas”, negando que exista un intento de “caotizar el país”.

La UNE reaccionó de inmediato: “Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Ninguna mentira resiste frente a la voz del pueblo”, replicó la organización.

Protestas nacionales y malestar social

El país atraviesa su segunda semana de protestas nacionales tras el aumento del precio del combustible. Transportistas han advertido sobre una inminente subida en los costos de fletes y transporte urbano, mientras que en distintas ciudades se reporta la paralización de vías y cierres de carreteras.

Desde el lunes 22 de septiembre, Ecuador vive un paro nacional, que según la vocera presidencial estaría siendo controlado por la fuerza pública. Jaramillo indicó que quienes se oponen al Gobierno pueden canalizar sus demandas a través de la Asamblea Constituyente.

En Latacunga, cuatro cuadras alrededor de la Gobernación de Cotopaxi fueron cerradas con alambres de púas y reforzadas con la presencia militar. La medida ha generado malestar entre los ciudadanos que requieren acceder a instituciones públicas y bancos de la zona.

Jaramillo defendió la acción de las fuerzas del orden, citando el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes paralicen servicios públicos. Según la funcionaria, las restricciones no provienen de la fuerza pública, sino de los manifestantes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!