Abogado de Aquiles Álvarez afirmó que el alcalde “ha bajado mucho de peso” en la cárcel
El abogado Ramiro García califica la detención del alcalde de Guayaquil como una "persecución política" de la administración de Daniel Noboa
La audiencia de apelación de Aquiles Álvarez fue suspendida.
La defensa técnica de Aquiles Álvarez confirmó que ha solicitado formalmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que el proceso penal busca anular a una figura de oposición con alta popularidad.
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Ramiro García, tras visitar a los hermanos Álvarez en la Cárcel del Encuentro (el centro de máxima seguridad inspirado en el modelo de Bukele), describió un panorama crítico sobre el estado de salud del alcalde:
Deterioro físico
Aseguró que los detenidos han sufrido una pérdida de peso considerable y presentan cuadros de deshidratación.
Insalubridad
El abogado afirmó que el agua que reciben es "de pozo" y no es apta para el consumo humano.
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez a la salida de la diligencia en el cantón La Libertad
Aislamiento
García calificó el recinto no como una prisión, sino como un "campo de confinamiento" diseñado para quebrar la voluntad de personas sin antecedentes penales.
Los tres frentes judiciales de Álvarez
El alcalde enfrenta una triple ofensiva por parte de la Fiscalía General del Estado, vinculada mayoritariamente al negocio familiar de hidrocarburos:
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Miguel Ángel González
- Caso Triple A: Investigación por presunta comercialización ilegal de combustible.
- Caso Goleada: Proceso por lavado de dinero y defraudación tributaria, por el cual fue detenido el pasado 10 de febrero junto a sus hermanos.
- Grillete electrónico: Una investigación adicional por la supuesta manipulación del dispositivo de vigilancia que portaba desde julio de 2025.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a su abogado Ramiro García, en una diligencia del caso Triple A, cuando aún estaba en libertad.
¿Mano política tras la justicia?
La defensa sostiene que no existen bases probatorias reales, argumentando que el Estado controla toda la cadena de comercialización de combustible, lo que haría "materialmente imposible" el desvío alegado.
"Lo que temen es a Aquiles Alvarez como figura política. Él tiene una popularidad inédita mientras el presidente ha caído muchísimo en su aceptación", señaló García, sugiriendo que el uso del sistema penal es una herramienta de represión ante el avance electoral del alcalde.
Curiosamente, el Gobierno justifica el traslado a la cárcel de máxima seguridad alegando amenazas contra Álvarez provenientes de la Revolución Ciudadana, el mismo partido que lo llevó a la alcaldía, una tesis que la defensa rechaza de plano.