Aquiles Álvarez va por su libertad en el caso Goleada y la justicia toma medidas contra Raúl Chávez

Este jueves 2 de abril de 2026, la Corte Provincial de Pichincha reinstalará la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez dentro del caso Goleada, proceso que originó su primera orden de encarcelamiento.

La diligencia fue convocada para las 09:30 y busca revisar la medida dictada en su contra el 11 de febrero de 2026, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

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La audiencia había sido instalada previamente, pero fue suspendida para deliberación. Ahora, el tribunal retomará el análisis para resolver si se mantiene o no la disposición judicial.

Casos contra Aquiles Álvarez

Actualmente, Álvarez enfrenta tres procesos penales con prisión preventiva vigente. El primero es Goleada; el segundo es el caso Triple A, donde se investiga una presunta comercialización irregular de combustibles; y el tercero corresponde a una causa por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, relacionada con la supuesta manipulación del grillete electrónico que debía portar.

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En esta última causa, la defensa también apeló la prisión preventiva. El recurso ya fue admitido y el expediente remitido a la Corte Provincial del Guayas, pero aún no se ha fijado fecha para la audiencia.

Mientras tanto, el caso Triple A continúa en etapa de juicio. El tribunal dispuso su reinstalación para el 30 de mayo de 2026, dentro de un proceso que investiga un presunto esquema de desvío de combustibles con impacto económico para el Estado.

Apelación de Raúl Chávez y medidas en contra en el caso Goleada

En el contexto del caso Goleada, la investigación se amplió y alcanzó al asambleísta de RETO, Raúl Chávez, movimiento político por el cual Aquiles Álvarez llegó a la Alcaldía de Guayaquil. Chávez, además, solía acompañarlo en audiencias y diligencias judiciales, particularmente en el caso Triple A, como ha quedado registrado en los archivos de EXTRA.

El legislador ahora enfrenta una orden de prisión preventiva y, en un escrito presentado dentro del proceso, cuestionó la decisión judicial. Alegó vulneración al debido proceso y sostuvo que, por su condición, debía ser juzgado en la Corte Nacional de Justicia.

Chávez interpuso un recurso de apelación contra la medida y solicitó copias del expediente, así como acceso a los registros de la audiencia de vinculación para sustentar su defensa.

Adicionalmente, el juez dispuso la inmovilización y retención de sus cuentas bancarias, como garantía de una eventual multa, dejando a salvo los valores provenientes de ingresos lícitos. Hasta el cierre de esta nota periodística, el paradero del asambleísta era desconocido.