Activan protección para el juez del caso de Aquiles Álvarez por supuestas amenazas
El Ministerio del Interior activa protección para el juez Jairo G., ponente del Caso Goleada, ante presuntas amenazas, según un comunicado
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
El Ministerio del Interior informó este jueves 26 de febrero que ha activado protocolos especiales de protección para salvaguardar la integridad del juez Jairo G., quien ejerce como ponente en el proceso judicial conocido como Caso Goleada, ante "presuntas amenazas" vinculadas a Aquiles Álvarez, uno de los implicados.
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¿A qué responde esta decisión?
La decisión, según el comunicado oficial, responde a una solicitud presentada y a un análisis exhaustivo de riesgos efectuado por la cartera de Estado. El objetivo es garantizar la seguridad del operador judicial en el marco de sus competencias institucionales.
El Ministerio detalló que se ha dispuesto la actualización del Análisis de Riesgo Personal del magistrado de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito.
"Se ha ordenado la activación inmediata de los protocolos de protección pertinentes para garantizar su seguridad, en el marco de las competencias institucionales", concluye el comunicado oficial del Ministerio del Interior.
Abogado de Aquiles Álvarez habla del caso Goleada
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, prepara un contraataque jurídico. Su abogado, Ramiro García Falconí, confirmó que buscarán la nulidad del caso Goleada —el proceso que hoy lo mantiene con prisión preventiva— al considerar que habría nacido con irregularidades graves y que, en el fondo, se basa en los mismos hechos que ya se investigan en el caso Triple A.
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El anuncio se da luego de que el fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, afirmara públicamente que Triple A y Goleada no investigan los mismos hechos. Según Fiscalía, el primero se refiere a presunta comercialización irregular de combustibles y el segundo a supuesta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.
Para la defensa, esa diferencia es solo de nombre. García sostiene que ambas causas parten de la misma conducta: la comercialización de combustibles entre 2021 y 2022, antes de que Álvarez fuera alcalde.
“Que a una misma conducta le den distintas valoraciones penales no deja de ser el mismo hecho. Si en un caso dicen que es comercialización ilícita, en otro lavado y en otro defraudación tributaria, siguen siendo los mismos hechos”, afirmó.