Detienen en Guayaquil al juez Ángel Tapia Vélez por presunto tráfico de influencias
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que "no se permitirá que el sistema de justicia otorgue libertades a grupos delictivos"
La Fiscalía confirmó que la detención se realizó con fines de formulación de cargos
En un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, este viernes 13 de marzo de 2026 fue detenido en Guayaquil Ángel Enrique Tapia Vélez, juez de Garantías Penales.
La acción, que incluyó el allanamiento de inmuebles, se ejecutó bajo la acusación de presunto tráfico de influencias.
La detención generó una respuesta inmediata desde el Palacio de Carondelet
A través de sus canales oficiales, la Fiscalía confirmó que la detención se realizó "con fines de formulación de cargos". En las próximas horas, un magistrado deberá resolver la situación jurídica del detenido, mientras se procesan las evidencias recabadas durante la incursión.
No habrá paz con operadores judiciales
La detención generó una respuesta inmediata desde el Palacio de Carondelet. El presidente Daniel Noboa utilizó su cuenta en la red social X para respaldar la acción y enviar un mensaje directo al sistema de justicia.
"Siempre lo he dicho: no vamos a tener paz en Ecuador hasta que no acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado", escribió el mandatario.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizó que este operativo busca sentar un precedente histórico. El funcionario señaló que no se permitirá que el sistema de justicia otorgue libertades a grupos delictivos ni que magistrados influyan sobre otros para favorecer a estructuras criminales.
"Lo advertimos y lo estamos cumpliendo: iremos con toda la fuerza contra los jueces que protejan criminales o utilicen la justicia para favorecer a las mafias", señaló Reimberg en X.
El ministro adelantó que en el transcurso del día se ofrecerán mayores detalles sobre los hallazgos del allanamiento, subrayando que esta acción cumple con la promesa gubernamental de depurar las instituciones del Estado.
"El país está cansado de ver cómo delincuentes capturados por la policía salen libres por decisiones corruptas o complacientes. Se acabó la impunidad. Quien se alíe con el crimen tendrá que responder ante la ley. Los delincuentes deben estar donde corresponde: en la cárcel. Y quienes los protejan, también", agregó.